Guipúzcoa extenderá los peajes para camiones a toda la A-15 y la N-I en su territorio

Pico y pala. Está claro que la Diputación de Guipúzcoa no se va a rendir en su dañina intención de cobrar peajes a vehículos pesados en su territorio. Todos sus esfuerzos están enfocados a tener una nueva norma que avale este modelo de peajes sin caer en los errores del pasado, sin que pueda ser discriminatoria. Para tal fin, el Gobierno regional se ha sacado de la manga una solución ‘salomónica’ o mejor dicho, tajante. Y es que el nuevo texto extenderá los peajes para camiones a toda la A-15 y la N-I en territorio guipuzcoano.

En un proyecto que casi puede ser tildado de faraónico y que responde a una clara ambición recaudatoria del Gobierno de Guipúzcoa, la administración va a instalar hasta 109 banderolas o semipórticos, así como cuatro pórticos troncales para extender el peaje a toda la extensión de la A-15 y N-I en su territorio. Esto significa que los vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera tendrán que pegar a lo largo de los 76,352 kilómetros de estas vías que trascurren por la región.

Aunque el sistema de peajes actual ha sido cuestionado en repetidas veces por los tribunales, la Diputación de Guipúzcoa ha buscado la forma de extender el cobro de peajes a camiones con un anteproyecto de Norma Foral que ya está en trámites para ser ratificada por las Juntas Generales. Será allí donde se debatirá y aprobará, pero visto el afán recaudatorio guipuzcoano no parece descabellado pensar que la norma recibirá luz verde, previsiblemente, antes de finales de este mismo año. El nuevo texto amplía así el tramo afectado por los peajes de 19,18 a 76,35 kilómetros en el cómputo global de la A-15 y N-I.

El peaje afectará exclusivamente a los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas de MMA en desarrollo de transporte de mercancías por carretera con cuantías que van entre los 0,22 euros por kilómetro para los vehículos de 3,5 a 12 toneladas y de 0,28 euros por kilómetro para los camiones de más de doce toneladas. La adecuación del sistema podría extenderse por un año y el proyecto supondrá una inversión de 25,3 millones de euros. Se espera que el sistema esté en vigor a finales de 2022 o comienzos de 2023, logrando evitar la discriminación por la que los modelos anteriores han sido rechazados por los tribunales.

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