Uno de los puntos que llevó al sector transporte a desconvocar el Paro Nacional previsto para finales de julio fue la promesa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de iniciar los trámites para crear un proyecto de ley que estipulase un régimen sancionador para acabar con la morosidad en el transporte. Una promesa que empieza a ser tangible, ya que el Ministerio de Transportes ha sometido a información pública este proyecto de ley mientras que en el Congreso de los Diputados se tramita otro Proyecto de Ley de Régimen Sancionador para todos los sectores.

El Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres impulsado por el Ministerio de Transportes establece un régimen sancionado específico para el sector. En este aspecto, el texto establece que se sancionará todo retraso en el pago que supere el plazo máximo legal de 60 días, graduándose la cuantía de las sanciones acorde al importe que se adeuda. Para facturas inferiores a 2.000 euros se fija multas por este importe, mientras que si la cuantía de las facturas es inferior a 4.000 euros, la sanción alcanzará como máximo esta cifra. Por último, para facturas de más 4.000 euros se pondrán multas de hasta 6.000.

Este Anteproyecto de Ley será tramitado por vía de urgencia en su fase administrativa con el fin de ser remitido al Congreso de los Diputados en el menor tiempo posible para su aprobación a nivel parlamentario. Y es precisamente en este organismo donde ya se está fraguando otro proyecto de ley de régimen sancionador para todos los sectores con multas de hasta 100.000 euros. Una iniciativa que viene ligada a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica promovida por el Congreso de los Diputados para establecer medidas de reactivación del país tras la pandemia de COVID-19.

Este texto de carácter general trata de corregir las actuales prácticas abusivas en los plazos de pago que afectan especialmente a pymes y autónomos. Sobre la base de la actual regulación, la ley que está a debate en el Congreso de los Diputados prohíbe que el plazo máximo de pago supere los 60 días, estipulando multas de 3.000 a 100.000 euros según los días de incumplimiento de pago. En este aspecto, si no se superan los 90 días de impago las multas sólo podrán alcanzar los 3.000 euros. En cualquier caso, cabe recordar que el plazo medio de pago en el sector transporte está en torno a los 85 días.