La pandemia de COVID-19 está dejando a la vista la actuación errática de las Administraciones Públicas en materia de transporte. El último ejemplo hace referencia a la Orden dictada por el Ministerio del Interior para prorrogar en 60 días hábiles la validez de los permisos de conducir que caducaran a lo largo del Estado de Alarma. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha rectificado esta normativa y recorta dicha prórroga en casi un mes, siendo sólo útil para los carnets caducados hasta el 31 de mayo.

En un primer momento, la prórroga en la validez de los carnets caducados durante el Estado de Alarma se fijó hasta el mismo final de este periodo, previsto ahora para el 21 de junio. Sin embargo, la DGT ha recortado los plazos de esta prórroga mediante una nueva directriz y sólo será válida para los permisos de circulación que hayan expirado antes del 31 de mayo. Una situación que contrasta de manera notable con las actuaciones de otros países de la Unión Europea, en los que se aplicará una prórroga en sus permisos durante 7 meses.

Más allá de la definición de la duración de la prórroga aplicada por el Gobierno, la decisión de acotar la extensión de la validez de los permisos de circulación caducados al periodo entre el 14 de marzo y el 31 de mayo deja en una situación de indefensión a los miles de conductores que sus carnets caducan entre el 31 de mayo y la fecha del final del Estado de Alarma el 21 de junio. Se estima que unos cien mil conductores particulares y profesionales del transporte incurrirán en una infracción grave al tener haber caducado su permiso de conducir antes del final del Estado de Alarma.

Este cambio de criterio no sólo deja con el ‘culo al aire’ a miles de conductores, sino que pone aún mayor distancia con el criterio aplicado por la Unión Europea. De hecho, los conductores de otros países de la Unión Europea no residentes en España que vayan a circular por las carretas españoles en los próximos meses estarán sujetos a otra normativa, ya que la prórroga que marca el Reglamento Europeo, al que no se ha adherido España, marca una prórroga de siete meses para los permisos caducados entre el 1 de febrero y el 31 de agosto.