Condenan a un fabricante a indemnizar a una empresa de transportes valenciana con 1,7 millones por el cártel de camiones

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de València ha condenado al fabricante AB Volvo a indemnizar a una empresa de transportes valenciana con 1.733.444 euros por el sobreprecio que le cobró al adquirir 221 camiones entre los años 2003 y 2010, por el conocido como cártel de camiones.

Así lo ha puesto de manifiesto Varona Legal & Numbers, despacho valenciano que ha defendido al demandante y que ha recordado que en esos años los fabricantes de camiones europeos MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF pactaron precios y lo repercutieron en los compradores.

Se trata, según ha indicado el despacho, de una sentencia que «marca un récord de indemnización» al superar los 1,7 millones más los intereses legales desde la compra de los vehículos.

En la resolución, el juez ha estimado el informe pericial presentado por el despacho y, en base al mismo, ha impuesto la indemnización, considerando que el porcentaje de sobreprecio medio que el fabricante aplicaba a los vehículos era del 20,08%.

En opinión de Ignacio Varona, socio director del área jurídica de Varona Legal & Numbers, esta sentencia «supone un reconocimiento del grave daño que sufrieron los compradores de camiones, en su mayoría autónomos y pequeñas empresas». «Es un avance en la reivindicación judicial de pequeños empresarios frente a grandes compañías multinacionales, gracias al trabajo jurídico que estamos realizando y a la aportación de informes periciales que respaldan las peticiones de los perjudicados por el cártel», ha dicho.

Rafael Fuentes, el abogado defensor del demandante en este caso, valora que «los jueces están accediendo a estimar valoraciones del daño superiores al 5%. Es un premio a los damnificados y a los despachos que los defendemos, por acceder con mucho esfuerzo a los precios que aplicaban los fabricantes incluso antes del cártel: hemos valorado un histórico de más de 200.000 transacciones de camiones, mientras los fabricantes demandados siguen sin dar una respuesta sólida al móvil económico de la infracción», ha señalado.