La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) advierte de que el precio del gasóleo podría aumentar hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre si el Gobierno no aprueba antes del 30 de septiembre un nuevo paquete de medidas. La organización empresarial teme que este incremento vuelva a elevar los costes del transporte, alimente la inflación y termine afectando a la competitividad de la economía española.

El impacto de una subida de estas características sería especialmente importante para las empresas de transporte de mercancías por carretera, donde el combustible continúa representando una de las principales partidas de costes.

Según los cálculos planteados por la CETM, un camión que consuma alrededor de 3.000 litros de gasóleo al mes tendría que asumir unos 720 euros adicionales mensuales. En términos anuales, el sobrecoste superaría los 8.600 euros por vehículo, sin que el camión recorriera un solo kilómetro adicional.

Para una empresa con varios vehículos, el efecto acumulado podría convertirse así en una presión considerable sobre sus costes de explotación y su capacidad para planificar la actividad.

La patronal del transporte considera que el problema va más allá de las cuentas de las empresas transportistas. El dato de inflación correspondiente a agosto, conocido este 15 de septiembre, se sitúa en el 4,3%, mientras que el incremento salarial medio alcanza el 3,04%, según los datos recogidos por la propia CETM.

La organización advierte de que este escenario está reduciendo el poder adquisitivo de las familias y aumentando al mismo tiempo la presión sobre los costes empresariales.

El transporte por carretera juega además un papel directo en prácticamente toda la actividad económica. Los camiones trasladan los alimentos que llegan a los supermercados, las materias primas utilizadas por la industria, los productos comercializados por las empresas y buena parte de las mercancías que entran y salen de España.

Por este motivo, un aumento del precio del combustible puede trasladarse progresivamente al conjunto de la cadena de suministro y terminar repercutiendo en los precios pagados por empresas y consumidores.

La CETM recuerda además una cuestión especialmente relevante para las empresas transportistas: la repercusión de la variación del precio del combustible en las tarifas del transporte de mercancías por carretera es obligatoria por ley, y su incumplimiento está sujeto a sanción.

Esta obligación busca evitar que sean exclusivamente los transportistas quienes absorban las oscilaciones de un coste, como el gasóleo, sobre el que las empresas tienen escasa capacidad de actuación.

Una nueva escalada del precio del combustible tendría, por tanto, consecuencias que irían más allá de la rentabilidad de los operadores de transporte y acabarían extendiéndose a otros eslabones de la cadena logística.

Ante este escenario, la Confederación Española de Transporte de Mercancías reclama al Gobierno que actúe con anticipación y apruebe antes del próximo 1 de octubre las medidas de apoyo necesarias para contener una nueva escalada de los costes del gasóleo.

La organización insiste en que las empresas necesitan estabilidad y previsibilidad para contratar, establecer precios y planificar su actividad, especialmente cuando deben hacer frente a incrementos de los costes energéticos que escapan a su control.

La CETM considera que España debe evitar que el encarecimiento de la energía vuelva a convertirse en un freno para la actividad económica y reduzca la competitividad de las empresas.

Mientras persista la actual situación, la patronal defiende el mantenimiento de ayudas suficientes para limitar el impacto de los carburantes sobre las empresas de transporte.

El objetivo, según la CETM, debe ser evitar que una nueva subida del gasóleo termine trasladándose de forma generalizada a los precios y profundice en la pérdida de poder adquisitivo tanto de las familias como de las empresas.

Para el transporte profesional, la cuestión resulta especialmente sensible: una subida de hasta 24 céntimos por litro supondría un nuevo incremento de los costes en una actividad directamente vinculada al funcionamiento de la industria, la distribución y el conjunto de la cadena de suministro española.