El Govern de Cataluña estudia implantar un peaje para camiones en la AP-7 y otras carreteras catalanas, siguiendo un sistema similar al que funciona en Países Bajos desde el 1 de julio. La medida busca aliviar la creciente saturación de esta vía y podría generar una recaudación superior a 200 millones de euros anuales, pero afectaría gravemente a las empresas de transporte de mercancías por carretera que no tienen otra alternativa que utilizar esta vía.

El Govern catalán ha puesto en marcha un grupo de trabajo para analizar la posible implantación de un sistema de pago por uso dirigido inicialmente a los vehículos pesados. El modelo que se está tomando como referencia es el implantado en Países Bajos el pasado 1 de julio. El sistema utiliza pórticos capaces de registrar electrónicamente el paso de los vehículos, mientras que los camiones deben llevar instalada una unidad electrónica a bordo, conocida como OBU.

La tarifa no sería necesariamente igual para todos los vehículos. El importe del peaje podría establecerse en función de factores como la MMA del camión y sus emisiones de CO2. Además, Trànsit plantea la posibilidad de modular las tarifas dependiendo del horario, estableciendo periodos valle con un coste inferior o incluso sin pago.

La posible recuperación de un sistema de pago llega cinco años después de la liberalización de la AP-7 en septiembre de 2021. Desde entonces, el tráfico ha crecido un 45% acumulado, según los datos recogidos en la información, hasta situar a esta infraestructura en una situación de elevada saturación. La AP-7 constituye uno de los principales corredores tanto para el transporte de mercancías en Cataluña como para los tráficos internacionales.

Según Trànsit, la autopista habría alcanzado ya el límite de su capacidad, especialmente en determinados periodos de elevada movilidad. Durante estos años se han aplicado diferentes medidas para intentar reducir las retenciones, algunas de ellas dirigidas específicamente a los vehículos pesados, como la obligación de circular por el carril derecho o determinadas prohibiciones de adelantamiento. Sin embargo, estas restricciones no habrían sido suficientes para resolver los problemas de congestión.

El planteamiento no afectaría únicamente a la AP-7. Los planes que se analizan contemplan extender el peaje para camiones a otras carreteras, entre ellas la N-II, A-2 y N-340. El objetivo sería evitar que los vehículos pesados abandonasen la autopista para utilizar carreteras alternativas gratuitas. Esta situación ya se produjo antes de la liberalización de la AP-7, cuando parte de los camiones y turismos buscaban itinerarios alternativos por vías secundarias para evitar el pago del peaje, con el consiguiente impacto sobre el tráfico y la siniestralidad.

De hecho, uno de los efectos destacados tras la eliminación de los peajes en la AP-7, AP-2, C-32 norte y C-33 en septiembre de 2021 ha sido la reducción de la accidentalidad y del número de fallecidos en carretera. Frente a los 242 fallecidos registrados en 2012, en 2025 la cifra se situó en 193 víctimas mortales.

España ha asumido, junto con el resto de la Unión Europea, el objetivo de reducir un 50% el número de fallecidos en carretera en 2030 respecto a los niveles de 2019. El Govern considera complicado alcanzar ese objetivo manteniendo la situación actual de determinadas vías si no se adoptan nuevas medidas de gestión del tráfico o actuaciones estructurales. Una parte de esas intervenciones dependería del Ministerio de Transportes, ya que la AP-7 es una carretera de titularidad estatal. Entre las actuaciones previstas se encuentra la construcción de hasta tres carriles adicionales en algunos de los tramos de la AP-7 con mayor intensidad de tráfico, aunque por el momento no existen planes para iniciar esas obras.

Mientras llegan esas posibles ampliaciones de capacidad, la implantación del peaje aparece como una de las alternativas que se están estudiando para gestionar el tráfico en la autopista. La propuesta se aplicaría inicialmente solo a los vehículos pesados, aunque el planteamiento trasladado por el Govern contempla que, con el tiempo, el sistema de pago por uso pueda extenderse al conjunto de vehículos. Con el futuro peaje para camiones en la AP-7 y otras carreteras catalanas, el Govern calcula que podría recaudar más de 200 millones de euros anuales.