Bruselas estudia cómo regular las cadenas de subcontratación ya que la situación refleja uno de los problemas que desde hace meses analiza la Unión Europea: quién responde cuando un contrato pasa sucesivamente por varias empresas y la ejecución efectiva del transporte queda varios escalones por debajo del cliente inicial.

El Parlamento Europeo aprobó el 12 de febrero de 2026 una resolución sobre las cadenas de subcontratación y el papel de los intermediarios en la protección de los derechos de los trabajadores. El texto, elaborado por el eurodiputado sueco Johan Danielsson, del grupo de Socialistas y Demócratas, salió adelante con 332 votos a favor, 209 en contra y 33 abstenciones.

Previamente, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo había respaldado el informe con 35 votos frente a 20. No se trata, por el momento, de una norma vinculante. La resolución pide a la Comisión Europea que aborde la regulación de la subcontratación y de los intermediarios laborales en el marco de la futura Quality Jobs Act.

Entre las propuestas incluidas figura limitar a dos niveles las cadenas de subcontratación, además de establecer un sistema de autorización válido en toda la Unión Europea para los intermediarios laborales y prohibir que estos cobren comisiones a los trabajadores.

El Parlamento también plantea introducir mecanismos de responsabilidad solidaria en cuestiones como salarios, cotizaciones sociales y obligaciones de seguridad a lo largo de toda la cadena, además de reforzar la contratación laboral directa en los sectores considerados de mayor riesgo. Entre ellos aparece expresamente el transporte.

En materia de control, el informe reclama un papel más activo de la Autoridad Laboral Europea (ELA) y una mayor cooperación con Europol y las inspecciones nacionales.

El proceso ha avanzado un nuevo paso. El 20 de julio de 2026, la Comisión Europea abrió la segunda fase de consultas con los interlocutores sociales sobre la futura Quality Jobs Act, de acuerdo con el artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Entre los ámbitos analizados figuran la gestión algorítmica y la inteligencia artificial en el trabajo, la salud y la seguridad laboral, los derechos de los trabajadores en las cadenas de subcontratación, la transición justa y la aplicación efectiva de las normas, junto al papel de los interlocutores sociales.

La primera fase se desarrolló entre el 4 de diciembre de 2025 y el 29 de enero de 2026. En ella participaron por escrito 34 interlocutores sociales reconocidos a escala europea: doce organizaciones sindicales y veintidós empresariales.

La Comisión considera que las estructuras transfronterizas complejas pueden dificultar la identificación del empleador responsable de una infracción y sitúa entre los principales problemas la falta de transparencia y la fragmentación de responsabilidades. También advierte de que el riesgo de fraude y abuso aumenta a medida que se alarga la cadena de subcontratación.

Entre las posibles vías de actuación figura reforzar los mecanismos de responsabilidad y mejorar el cumplimiento de las normas a lo largo de toda la cadena, teniendo en cuenta al mismo tiempo el efecto acumulado de las obligaciones sobre las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

Las posiciones dentro del transporte no son homogéneas. UETR, asociación europea de transportistas por carretera, y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) consideran que la subcontratación en múltiples niveles contribuye a presionar los precios del transporte a la baja, reduce la capacidad negociadora de las empresas más pequeñas y favorece prácticas de dumping social. Ambas respaldaron por este motivo el informe parlamentario.

Más prudente se ha mostrado la asociación alemana de transporte y logística DSLV. Su director general, Frank Huster, sostiene que los subtransportistas constituyen una parte estructural de la organización logística y que limitar su utilización podría interferir en la libertad de prestación de servicios y en la competencia, además de provocar precios más elevados y mayores cargas administrativas.

La consulta europea permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre de 2026. A partir de entonces, los interlocutores sociales tendrán la posibilidad de abrir negociaciones antes de que la Comisión continúe con una eventual iniciativa legislativa, cuya propuesta se espera antes de finalizar el año. La regulación de las cadenas de subcontratación se perfila así como uno de los debates con mayor impacto potencial para la organización del transporte de mercancías por carretera en Europa.