La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de archivar la investigación abierta contra Repsol, Moeve y BP por supuestas prácticas anticompetitivas en 2022 supone un movimiento relevante para el sector energético y, de forma indirecta, para el transporte de mercancías por carretera.

• El organismo concluye que no existen indicios suficientes de concertación ni de posición de dominio colectiva entre las tres compañías en plena crisis de precios provocada por la guerra en Ucrania.

La investigación partía de las denuncias presentadas por asociaciones de operadores independientes, que sostenían que las grandes petroleras habrían aprovechado el contexto de 2022 para reforzar su cuota de mercado mediante descuentos combinados y una presión adicional sobre las estaciones low cost. Según esas acusaciones, mientras se elevaban los precios de venta mayorista a gasolineras independientes, también se aplicaban descuentos al cliente final a través de tarjetas de fidelización y pago.

Sin embargo, tras analizar los hechos, la CNMC ha decidido no incoar un procedimiento sancionador y cerrar las actuaciones. El regulador sostiene que no ha encontrado pruebas de intercambio de información ni de coordinación entre Repsol, Moeve —antigua Cepsa— y BP, y añade que tampoco aprecia que actuaran como una única entidad económica con dominio conjunto del mercado.

Para las empresas transportistas, el carburante sigue siendo uno de los costes más sensibles de la cuenta de resultados. Por eso, cualquier investigación sobre posibles distorsiones en el mercado de suministro tiene un impacto directo en la percepción de estabilidad del sector.

La CNMC subraya que, durante aquel año, Repsol contaba con una capacidad de refino claramente superior y mayores cuotas de mercado que sus competidores, un factor que le otorgaba una posición distinta dentro del tablero. Además, el organismo apunta que BP y la entonces Cepsa conocieron parte de la política comercial de Repsol a través de información pública y medios de comunicación, no mediante un intercambio ilícito entre compañías.

Pese al cierre de esta investigación concreta, la CNMC recuerda que en enero sí sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros en otro procedimiento distinto, relacionado con un supuesto abuso de posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles para estaciones de servicio. En ese expediente, el regulador apreció un estrechamiento de márgenes y otras conductas vinculadas al precio del Gasóleo A. Repsol, por su parte, rechazó esa resolución y anunció su recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.