El sector empresarial español se enfrenta a una cuenta atrás decisiva. Con la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación Verifactu, más del 93 % de las empresas aún no están preparadas para cumplir con las exigencias impuestas por la nueva Ley Antifraude. La normativa, que busca erradicar el fraude tributario, exige que todas las empresas adapten sus sistemas de gestión antes del 1 de enero de 2026, bajo riesgo de ser sancionadas con multas de hasta 150.000 euros.

El plazo para la adaptación es de apenas seis meses. A partir del 29 de julio de 2025, las empresas deberán contar con software homologado que garantice la inalterabilidad de las facturas y la trazabilidad completa de los datos. Esto incluye la incorporación de elementos técnicos como el código QR, huella digital, firma electrónica o el formato XML-VERI. Aquellas que no hayan hecho la transición a tiempo quedarán fuera del marco legal y no podrán emitir facturas válidas, lo que implicaría la paralización de su actividad económica.

Actualmente, según el Informe Emprende de Holded, Visma y Kantar, solo el 7 % de las empresas están adaptadas al nuevo modelo. La mayoría, especialmente las micropymes, ni siquiera han comenzado el proceso de adaptación. “Muchas ni conocen la obligatoriedad de esta medida”, advierten desde asociaciones empresariales.

El impacto en el transporte de mercancías por carretera podría ser especialmente grave, ya que muchas pequeñas operadoras carecen de equipos internos de TI o de recursos suficientes para realizar el cambio de forma autónoma. Las empresas del sector deberán revisar urgentemente sus procesos de facturación para evitar sanciones que podrían comprometer su viabilidad.

Desde Talenom España, consultora especializada en gestión empresarial, alertan de que las sanciones no se limitan a fallos en la factura. “Habrá multas por software no adaptado, por impedir el acceso a datos por parte de la Agencia Tributaria, e incluso por perder el derecho a deducción fiscal”, indican. Todo ello coloca al tejido empresarial ante un reto técnico y legal sin precedentes.

Los expertos de Fiskaly Iberia subrayan que la experiencia en otras comunidades, como con el sistema TicketBAI en el País Vasco, demuestra que dejar la adaptación para el final incrementa los errores, bloqueos en la facturación y sanciones graves. “Verifactu no es solo una actualización técnica: requiere planificación, pruebas y, en muchos casos, desarrollos a medida según el sector o régimen fiscal”, afirman.

Aunque Hacienda ha habilitado un periodo de pruebas hasta enero de 2026, durante el cual los errores no serán penalizados si se corrigen adecuadamente, advierte que “no habrá prórrogas”. “Ahora es el momento de identificar y corregir fallos sin consecuencias económicas. Después, llegarán las sanciones”, insisten desde la AEAT.

El mensaje es claro: las empresas tienen una última oportunidad para adaptarse sin sanciones. Ignorarla podría suponer un coste elevado en el futuro inmediato. El sector del transporte, como muchos otros, debe actuar ya.

Fuente: https://www.larazon.es/economia/hacienda-pone-cuerdas-93-empresas-apagon-fiscal-facturas_202506176850b728f68fe227a840dda2.html