El Tribula Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados ‘a la desesperada’ por la Diputación de Guipúzcoa y las Juntas Generales de la provincia contra el auto del tribunal que declaraba la ilegalidad de los peajes a camiones aplicados en la región. Con esta decisión, el alto tribunal se mantiene firme en su resolución que dictamina que el modelo de peajes de Guipúzcoa no se ajustaba a la legislación europea, ya que incurre en discriminación contra el sector del transporte de mercancías por carretera. Esta decisión del Tribunal Supremo no es recurrible.

No era un secreto que la Diputación de Guipúzcoa iba a pelear hasta el final por dar validez a su actual modelo de peajes mientras diseña una nueva norma foral que avale la nueva versión del sistema. Sin embargo, los incidentes de nulidad contra el auto del Tribunal Supremo que presentó la Diputación de Guipúzcoa y las Juntas Generales de la provincia no han servido para salvar el cobro de los peajes a camiones en las carreteras de la región, tal y como pretendían las autoridades.

La decisión del Tribunal Supremo de no admitir los recursos por improcedentes deja sin opciones al Gobierno de Guipúzcoa para mantener a flote un sistema de peajes que ha sido declarado hasta en dos ocasiones como discriminatorio. Un nuevo varapalo judicial para la administración con una decisión en la que se recuerda que la Directiva Europea prohíbe las discriminaciones basadas, directa o indirectamente, en la nacionalidad de los transportistas y en el origen o destino del transporte, premisa que vulneraba el modelo de peajes aplicados en Guipúzcoa.

Por esta razón, y dado que no cabe recurso alguno contra dicha decisión judicial, FENADISMER pide que la Diputación de Guipúzcoa asuma de una vez su derrota en los tribunales y lleve a cabo la paralización inmediata del cobro de los peajes con el fin de cumplir el auto del Tribunal Supremo. De hecho, la Diputación se comprometió a paralizar los peajes en junio, sin que hasta ahora haya cumplido su promesa, lo que ha derivado en la interposición de una querella criminal por parte de las asociaciones de transportistas contra la Diputada Foral de Infraestructuras y la empresa pública Bidegi.