La Federación Gallega de Transporte de Mercancías busca la nulidad de las extensiones de la concesión otorgadas a Audasa

Los transportistas de Galicia han decidido llevar ante el Tribunal Supremo la batalla legal contra las prórrogas de la autopista AP-9, tras años de denuncias y reclamaciones en Bruselas. La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), principal organización del sector en la comunidad, considera que las sucesivas extensiones de la concesión a Audasa son ilegales y que han supuesto un grave perjuicio económico tanto para los profesionales del transporte como para el conjunto de la ciudadanía gallega.

El origen del conflicto

El litigio tiene su raíz en las dos grandes prórrogas de la concesión de la AP-9. La primera, concedida por el Gobierno de Felipe González en los años noventa, añadió diez años a la explotación. La segunda, mucho más relevante, fue aprobada en el año 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar y supuso una ampliación de 25 años adicionales a favor de Audasa, que prolonga la concesión hasta 2048.

Estas decisiones han sido cuestionadas en el ámbito europeo. La Comisión Europea declaró ilegal la última de las prórrogas, lo que abrió la puerta a la vía judicial en España. Los transportistas gallegos consideran que el Estado no ha actuado con la diligencia necesaria pese a este dictamen, lo que ha motivado su recurso al Supremo.

La denuncia de Fegatramer

Fegatramer argumenta que su paso responde a la “pasividad del Gobierno” en este asunto. La federación recuerda que han pasado más de cinco años desde que Bruselas dictaminara sobre la ilegalidad de la prórroga sin que se haya producido una reacción efectiva. En palabras de la organización, la situación supone “un abuso para los transportistas de Galicia y para todos los ciudadanos gallegos” debido al mantenimiento de unos peajes que califican de abusivos.

El recurso judicial será gestionado por el despacho Gándara Moure, el mismo bufete que articuló la denuncia presentada ante Bruselas y que acabó derivando en la declaración de ilegalidad por parte de la Comisión.

Reclamaciones económicas millonarias

Además de la nulidad de las prórrogas, Fegatramer reclama que se anulen todos los peajes cobrados por Audasa desde 2013. La cifra asciende a 1.923 millones de euros en ingresos, que habrían generado a la concesionaria un beneficio neto de 576,4 millones.

Los transportistas subrayan que la primera prórroga se justificó como compensación por los retrasos en la construcción de los tramos del vial Ferrol-Tui, mientras que la segunda se vinculó a la ampliación de la autopista hacia Ferrol y Tui y a la gratuidad de la circunvalación de Vigo. Sin embargo, Fegatramer sostiene que el verdadero objetivo fue incrementar el valor de la autopista para facilitar su venta posterior por unos 1.000 millones de euros, a costa de los usuarios.

Posible fraude de ley

La federación considera que las prórrogas vulneraron la normativa europea y que, al menos en el caso de la segunda, se produjo un fraude de ley. Según Fegatramer, “una concesión administrativa no debe servir para generar negocio a la Administración, sino para garantizar el interés público”, algo que —en su opinión— se incumplió con las decisiones que han prolongado la explotación de la AP-9.