La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha presentado una propuesta para implantar un sistema de pago por uso en las carreteras españolas, con tarifas de 3 céntimos por kilómetro para vehículos ligeros y 14 céntimos para vehículos pesados. El objetivo principal es financiar el déficit acumulado en la conservación de las vías, cifrado en casi 12.000 millones de euros.

El planteamiento de la patronal se centra en las autovías interurbanas actualmente libres de peaje, y propone un modelo con tarifas sensiblemente inferiores a las vigentes en otros países de la Unión Europea. Con esta medida, Seopan aspira a reducir el déficit anual de mantenimiento, que asciende actualmente a 3.000 millones de euros. En la actualidad, solo se destinan 2.000 millones al año desde los Presupuestos Generales del Estado, cuando se necesitarían al menos 5.000 millones para cubrir las necesidades reales de conservación.

Según el estudio elaborado por la asociación, este modelo de financiación permitiría generar, en un horizonte de 25 años, un ahorro de gasto público de 41.038 millones de euros, así como un retorno fiscal de 35.314 millones. Además, el sistema propuesto permitiría homogeneizar las tarifas de las autopistas de peaje actuales con las nuevas vías que se incorporen al esquema de pago por uso.

Seopan ha subrayado que España es el único país de la Unión Europea cuya red de carreteras es mayoritariamente gratuita, concentrando el 68% de las autovías sin peaje de toda Europa. La asociación ha criticado el agravio comparativo con otros modos de transporte como el ferroviario, el marítimo o el aéreo, donde los usuarios sí abonan tarifas por el uso de las infraestructuras.

En palabras de Julián Núñez, presidente de Seopan: “El informe propone la implementación de la tarificación viaria por uso o por distancia recorrida en vías de gran capacidad interurbana, no abordamos peajes urbanos o mecanismos de pago por acceso a las ciudades”.

El plan contempla, además, una inversión prioritaria destinada a modernizar la red viaria, mejorar la seguridad vial, implantar infraestructuras de recarga pública para vehículos eléctricos, desarrollar sistemas de digitalización y avanzar en la transición ecológica. Dentro del modelo, los concesionarios asumirían los gastos de operación y mantenimiento durante el periodo de concesión, estimados en 38.447 millones de euros, y abonarían un canon anticipado de 8.088 millones de euros a la Administración.

La propuesta incluye también políticas de descuentos para minimizar el impacto económico en los usuarios frecuentes y colectivos vulnerables, aplicando bonificaciones según el tipo de vehículo, su titular o la frecuencia de uso.

Entre las empresas que respaldan esta iniciativa se encuentran Abertis, ACS, Ferrovial, Sacyr, Acciona, FCC, Globalvia, Itínere y Roadis. Según Seopan, estas compañías consideran que el modelo propuesto es una fórmula viable para resolver las actuales carencias del sistema de financiación y conservación de las carreteras españolas.