Podemos se ha alineado este martes con PP y Sumar en el Congreso para pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, el rescate de la concesión de la autopista del Huerna (AP-66) con el fin de eliminar los peajes entre Asturias y León. La petición llega tras las declaraciones del portavoz morado Javier Sánchez Serna, que recordó la denuncia interpuesta en 2021 y el pronunciamiento de la Comisión Europea, que considera “ilegal” la prórroga de la concesión hasta casi 2050.

El argumento jurídico: prórroga bajo la lupa de Bruselas

El núcleo del debate es la ampliación de la concesión sin concurso público acordada en la etapa del Gobierno de José María Aznar, una decisión que Bruselas cuestiona y por la que ha requerido a España corregir la situación o afrontar un posible procedimiento ante el TJUE. El Ministerio mantiene por ahora la prórroga mientras negocia con la Comisión, pese a la creciente presión política y social en el territorio.

Impacto económico: peajes de hasta 15,60 euros

Para la ciudadanía y el tejido empresarial asturleonés, la AP-66 es un cuello de botella económico. El peaje supera los 15 euros en el trayecto principal, un coste que, según organizaciones sociales y empresariales, lastra la competitividad y la cohesión territorial. En 2025 se han registrado subidas acumuladas cercanas al 50% desde 2009, lo que alimenta la demanda de liberalización inmediata.

La ofensiva parlamentaria: comparecencias y PNL

Sánchez Serna avanzó que Podemos registrará la comparecencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en la Comisión de Transportes, y presentará una proposición no de ley (PNL) para articular el rescate. La iniciativa llega después de que Sumar anunciara su propia PNL y de que el PP registrara una proposición de ley con el mismo objetivo: acabar con los peajes del Huerna. Se consolida así una mayoría transversal que empuja al Ejecutivo a mover ficha.

Presión social creciente en Asturias y León

A la ofensiva política se suma una movilización social al alza. Ayuntamientos como Gijón han respaldado manifiestos para suprimir el peaje, mientras plataformas ciudadanas y gobiernos autonómicos coordinan acciones y concentraciones. Asturias, Galicia y Castilla y León han tejido además una alianza institucional para reclamar al Gobierno central la eliminación de peajes “ilegales” en AP-66 y AP-9.