El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido públicamente que el último paquete de apoyo al sector no ha sido suficientemente ambicioso, un mensaje que llega en un momento de fuerte presión para miles de transportistas, especialmente autónomos y pequeñas empresas, golpeados por el encarecimiento de los carburantes y la inestabilidad internacional.

La declaración del ministro supone un giro relevante en plena negociación con el sector. Según explicó, el Gobierno aprobó recientemente un paquete de medidas para aliviar el impacto de la situación internacional sobre los profesionales del transporte, pero admite que no ha cubierto del todo las expectativas de los transportistas. Entre las ayudas ya planteadas figura el descuento de 20 céntimos por litro de carburante, aunque el Ejecutivo estudia ir más allá.

Ese mismo viernes, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, mantenía una reunión con representantes del sector para intentar cerrar nuevas iniciativas. El mensaje del Ministerio es claro: hay margen para corregir y reforzar el apoyo, especialmente en un ámbito tan heterogéneo como el transporte por carretera, donde conviven grandes flotas, pymes y autónomos con realidades muy distintas.

La autocrítica de Puente refleja una realidad que el sector lleva tiempo señalando: las medidas generales no siempre responden a los problemas concretos de los transportistas. El peso del combustible en la cuenta de resultados, la dificultad para repercutir costes, la presión sobre los márgenes y la diferencia de capacidad entre grandes operadores y pequeños profesionales hacen que cualquier ayuda deba diseñarse con un alto grado de precisión. Esta idea se desprende de la propia intervención del ministro, que subrayó la diversidad interna del sector.

En este contexto, los autónomos y las micropymes siguen siendo los perfiles más sensibles. No tienen la misma capacidad financiera ni de negociación que las grandes compañías, por lo que cualquier subida prolongada de costes puede traducirse en pérdida de rentabilidad o incluso en dificultades de continuidad. La posibilidad de que lleguen nuevas medidas es, por tanto, una señal de alivio, aunque el sector espera ahora que ese reconocimiento político se convierta en decisiones concretas.

Durante su intervención, Puente también abordó otros frentes que afectan al transporte. Por un lado, situó en 5.000 millones de euros el déficit de conservación de las carreteras estatales, una cifra que evidencia el desafío de mantener una red clave para la logística española.

La principal lectura para el transporte de mercancías es evidente: el Gobierno reconoce que debe hacer más. Esa admisión no resuelve por sí sola los problemas del sector, pero sí abre una ventana de negociación importante en un momento delicado. Ahora, transportistas y empresas logísticas estarán pendientes de si esa “mayor ambición” se traduce en ayudas mejor enfocadas, más rápidas y realmente eficaces para sostener la actividad en carretera.