La elección del sistema de propulsión en el transporte de mercancías por carretera se ha convertido en uno de los debates centrales de la transición energética en Europa. En este contexto, la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) insiste en que la decisión sobre qué tecnología utilizar debe recaer en los propios operadores de transporte, y no ser impuesta de forma unilateral por los responsables políticos.

El papel clave de los operadores en la transición energética

Para la IRU, que representa a empresas de transporte por carretera de todo el mundo, los operadores están en la mejor posición para decidir qué sistema de propulsión se adapta a sus rutas, clientes y modelos de negocio. Su argumento es claro: el sector ya está firmemente comprometido con la descarbonización, pero necesita flexibilidad tecnológica para lograr los objetivos climáticos de forma realista.

La descarbonización del transporte pesado no puede abordarse con un único tipo de tecnología. Dependiendo del tipo de servicio –larga distancia, distribución regional, transporte urbano o operaciones especiales– las necesidades energéticas, la autonomía y la infraestructura disponible cambian de forma radical. Por ello, IRU defiende un enfoque de “neutralidad tecnológica”, donde convivan diversos sistemas de propulsión.

Un enfoque multitecnológico: electricidad, hidrógeno y combustibles renovables

La organización subraya que la electrificación tendrá un papel importante, especialmente en operaciones urbanas y de corto recorrido, donde la infraestructura de recarga puede desarrollarse de manera más rápida y eficiente. En cambio, para el transporte de larga distancia, la IRU considera que los combustibles renovables líquidos y gaseosos, incluidos los biocombustibles avanzados y el biometano, seguirán siendo esenciales durante muchos años.

Asimismo, el hidrógeno y sus derivados se perfilan como una opción prometedora para determinados segmentos de larga distancia y aplicaciones de alta carga, siempre que exista un marco regulatorio claro y se desarrollen las infraestructuras necesarias. La IRU recalca que, sin un despliegue suficiente de puntos de suministro y sin garantías de disponibilidad de energía limpia, ninguna tecnología podrá escalar al ritmo exigido por los objetivos climáticos.

Riesgos de imponer una única tecnología

IRU alerta de que la imposición política de una sola solución tecnológica conlleva riesgos significativos para la competitividad y la viabilidad económica de las empresas de transporte. Entre estos riesgos se incluyen el aumento de los costes operativos, la falta de oferta de vehículos adecuados para todas las aplicaciones y la desigualdad entre regiones en función del desarrollo de infraestructuras energéticas.

Obligar a los operadores a adoptar de forma acelerada tecnologías que aún no están plenamente maduras puede traducirse en una renovación de flota más lenta, una mayor presión financiera y, en última instancia, un impacto negativo sobre las cadenas de suministro y los costes logísticos para la economía en su conjunto.

La necesidad de un marco regulatorio estable y realista

La IRU pide a las autoridades europeas y nacionales que establezcan un marco regulatorio estable, predecible y tecnológicamente neutral, que fije objetivos de reducción de emisiones pero deje libertad a los operadores para decidir cómo alcanzarlos. Según la organización, este enfoque incentivará la innovación, fomentará la competencia entre tecnologías y permitirá una transición ordenada y eficiente.

Para conseguirlo, la IRU destaca que las políticas públicas deben centrarse en el desarrollo acelerado de infraestructuras energéticas, en incentivos a la renovación de flota y en la eliminación de barreras administrativas. De este modo, los operadores podrán invertir con mayor seguridad en nuevas tecnologías, manteniendo la continuidad del servicio y controlando los costes.