Las cifras récord de afiliación en el colectivo de trabajadores autónomos esconden una realidad mucho más compleja y preocupante. Miles de profesionales por cuenta propia, incluidos transportistas y operadores del sector de mercancías por carretera, se encuentran al límite de su resistencia económica, asfixiados por la presión fiscal, el aumento continuo de las cotizaciones y unos niveles de protección social que, según denuncian, resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Los últimos datos del mercado laboral confirman esta tendencia. El mes de julio cerró con la pérdida de 235 autónomos cada día, lo que supone una caída total de 7.286 afiliados en el conjunto del mes. Esta cifra representa 2.339 autónomos menos que en el mismo periodo de 2024 y constituye el peor resultado de los últimos tres años.

Cabe recordar que este colectivo aporta el 1,5% del PIB y genera el 17% del empleo en España, un peso económico significativo que contrasta con las crecientes dificultades para mantener la actividad. Los costes laborales y de producción, junto a la limitada capacidad de inversión derivada de la falta de financiación, están empujando a muchos pequeños empresarios y transportistas a cesar su actividad.

Dificultades para acceder al cese de actividad

Uno de los principales puntos de fricción es la prestación por cese de actividad, el equivalente al desempleo para los asalariados. La Seguridad Social rechaza seis de cada diez solicitudes, en la mayoría de los casos por motivos burocráticos o por el incumplimiento de requisitos que los autónomos consideran excesivos y difíciles de acreditar.

La prestación por cese de actividad, que ronda los 800 euros mensuales, cuenta con un fondo de más de 1.400 millones de euros disponible. Sin embargo, la gestión delegada en las mutuas sigue siendo un cuello de botella, ya que estas entidades deniegan la mayoría de solicitudes.

Un escenario crítico para el transporte por carretera

En el sector del transporte de mercancías por carretera, donde la mayoría de los profesionales son autónomos o micropymes, la situación adquiere tintes especialmente preocupantes. El aumento de las cotizaciones coincide con costes de combustible elevados, mantenimiento más caro y mayores exigencias medioambientales, lo que reduce aún más los márgenes de rentabilidad.

Con esta tendencia, cada baja en el censo de autónomos no solo supone un golpe para la economía general, sino que repercute en la capacidad logística del país, afectando a la cadena de suministro y a la competitividad de sectores dependientes del transporte.

El debate sobre la necesidad de un sistema de protección más ágil y accesible para los autónomos se intensifica. Mientras tanto, las cifras dejan claro que mantener un negocio en activo en el actual contexto económico se está convirtiendo en una tarea cada vez más cuesta arriba.