El Consejo de ministros ha dado luz verde al Real Decreto-Ley que cierra de manera definitiva el trasvase de las competencias de tráfico a Navarra. Esto significa, entre otras cosas, que a partir del próximo 1 de julio será el Gobierno Foral el que asuma las competencias de tráfico en materias como las restricciones al tráfico. La única cuestión que queda todavía en el aire es la referencia a la imposición de sanciones administrativas, ya que en este caso el trasvase de competencia será efecto a partir del 1 de enero de 2025.

A modo de breve resumen, a partir del 1 de julio de 2023, será el Gobierno Navarro el que se encargue del establecimiento de medidas de vigilancia o de la aplicación de restricciones a la normal circulación de vehículos, la gestión de pruebas deportivas y marchas ciclistas, la expedición de autorizaciones de eventos con vehículos históricos y la percepción de los derechos o tasas del ejercicio de todas estas funciones. También se encargará de la emisión de instrucción a las policías locales para la gestión del tráfico.

Por su parte, desde el 1 de enero de 2025, el Gobierno regional sumará a sus competencias la imposición de sanciones administrativas, la ejecución de escuelas particulares de conductores y centros de reconocimiento psicotécnicos, la gestión, control e inspección de los cursos de sensibilización y reeducación vial, así como el planteamiento y ejecución de campañas de carácter divulgativo en materia de educación y formación vial.

El Estado se reserva la regulación en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor, la expedición y revisión de los permisos de conducir y licencias y de las autorizaciones especiales para mercancías peligrosas, así como el canje de los mismos y de los permisos expedidos en el extranjero. De igual modo, también conservará la potestad sobre la matriculación y expedición de los permisos de circulación, sobre las autorizaciones o permisos temporales y sobre la gestión de distintos registros, algunos de ellos hasta 2025.