Las patronales del transporte representadas en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) han llegado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT que supone la desconvocatoria de la huelga de conductores profesionales que iba a iniciarse el próximo lunes 28 de octubre.

En un comunicado, la CETM ha explicado que los detalles del pacto alcanzado se comunicarán a lo largo del día de mañana.

Tanto las patronales como los sindicatos se han reunido este jueves en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para consensuar un acuerdo respecto a la jubilación anticipada para el sector.

La huelga iba a comenzar el próximo lunes, 28 de octubre, con la previsión de seguir los días 11, 28 y 29 de noviembre; 5 y 9 de diciembre y de forma indefinida a partir del 23 de diciembre.

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La Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a propuesta del presidente, Antonio Garamendi, ha aprobado el nombramiento del presidente de la patronal UNO, Francisco Aranda, como vicepresidente de su Consejo del Transporte y la Logística.

• Desde esta responsabilidad, contribuirá a defender los intereses de las empresas del sector y a reforzar su interlocución con las administraciones públicas ante los principales retos económicos, regulatorios, medioambientales y tecnológicos que afronta la actividad.

“Asumo este nombramiento con enorme ilusión y con el compromiso de seguir trabajando para que el transporte y la logística tengan el reconocimiento que merecen en la economía española. Este gran sector representa en torno al 7% del PIB, cuenta con más de 1,2 millones de afiliados, y constituye un factor determinante para la competitividad empresarial, la cohesión territorial y la capacidad de crecimiento de nuestro país”, ha señalado.

Aranda ha subrayado el compromiso de la CEOE con el sector, empezando por su presidente, Antonio Garamendi, al que ha agradecido el nombramiento, y a través de órganos como el Consejo del Transporte y la Logística, desde el que se abordan sus principales retos de futuro y se promueven iniciativas para impulsar su competitividad. En este sentido, ha reafirmado su voluntad de seguir trabajando desde la unidad empresarial para “mejorar la productividad de las empresas y conseguir que ocupe el lugar estratégico que le corresponde en la agenda económica de España”.

Según ha indicado Aranda, “necesitamos un marco regulatorio que tenga en cuenta la realidad operativa de nuestras empresas, aporte seguridad jurídica, reduzca los costes y permita avanzar en sostenibilidad sin comprometer la viabilidad empresarial”.

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El tráfico de mercancías en los puertos de titularidad estatal alcanzó los 420,6 millones de toneladas en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 1,2%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Puertos del Estado, la empresa estatal que los gestiona, destaca en un comunicado que este avance se da a pesar del aumento del precio de los combustibles y la incertidumbre geopolítica, que siguen condicionando la evolución del tráfico marítimo.

La mercancía general moderó su caída al 0,2%, con más de 209 millones de toneladas transportadas, de las cuales 142,6 millones correspondieron a la contenerizada (-0,8%) y más de 67 millones (+1,1%) a la convencional.

Los contenedores (TEU) experimentaron un avance del 1,1%, hasta superar los 14 millones en los nueve primeros meses del año, y los ‘import-export’ protagonizaron un crecimiento del 2,3%.

Los graneles líquidos mejoraron sus cifras hasta los 138,3 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 3,6% en el acumulado desde enero, gracias al empuje de la gasolina y los productos químicos. En cuanto a los graneles sólidos, registraron un leve descenso del 0,3%, con un total acumulado de 60,1 millones de toneladas.

El tráfico ro-ro (con ruedas) aumentó un 0,4%, hasta alcanzar los 56,7 millones de toneladas; el número de buques mercantes por los puertos españoles disminuyó un 1,1%, hasta las 123.237 unidades; y el arqueo bruto aumentó un 0,6%.

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha reconocido problemas técnicos en el funcionamiento del sistema DECA (Documento Electrónico de Control de Transporte), una incidencia que ha afectado a miles de transportistas desde su entrada en vigor el pasado 1 de septiembre.

• Ante esta situación, el departamento dirigido por Óscar Puente ha confirmado que no se tramitarán las multas derivadas de estas incidencias técnicas, una decisión muy esperada por el sector.

Desde los primeros días de aplicación obligatoria del DECA, numerosas asociaciones y empresas de transporte por carretera comenzaron a denunciar errores de acceso, bloqueos en la plataforma y dificultades para generar o consultar los documentos electrónicos. Estas incidencias no solo afectaban al día a día de tu actividad, sino que además generaban un importante temor: ser sancionado por no poder acreditar correctamente el documento de control durante una inspección en carretera.

Las quejas fueron trasladadas de forma reiterada a la Administración, especialmente desde las principales organizaciones del sector. Tras varias semanas de presión, el Ministerio ha admitido oficialmente la existencia de disfunciones técnicas en la herramienta, y ha comunicado que estos fallos serán tenidos en cuenta a la hora de valorar los posibles expedientes sancionadores.

Transportes ha trasladado a las asociaciones profesionales que, mientras persistan los problemas técnicos imputables al sistema DECA, no se tramitarán sanciones cuando el transportista pueda justificar que la incidencia se debe al mal funcionamiento de la plataforma. Esta posición supone un alivio para un sector que había mostrado una gran preocupación por la inseguridad jurídica generada desde septiembre.

En la práctica, esto significa que, si durante un control en carretera no puedes mostrar correctamente el documento electrónico debido a una incidencia del sistema, las autoridades deberán tener en cuenta la situación y no iniciar un expediente sancionador por ese motivo, siempre que quede acreditado que el fallo no es atribuible al transportista.

Las organizaciones del sector han valorado positivamente este reconocimiento por parte del Ministerio, aunque insisten en que es imprescindible que el sistema DECA funcione de manera estable, sencilla y plenamente operativa. Para muchas empresas, en especial las pymes y los autónomos, la carga burocrática y tecnológica añadida supone un reto importante, tanto en términos de tiempo como de recursos.

Las asociaciones han vuelto a plantear a Transportes la necesidad de que se refuerce el soporte técnico y se mejoren los canales de ayuda, de forma que tu empresa pueda adaptarse al uso del DECA sin que ello implique interrupciones ni riesgos de sanciones injustas. También se ha pedido que cualquier cambio o actualización se comunique con antelación suficiente para que puedas organizar tu operativa.

Aunque el Ministerio haya anunciado que no tramitará multas derivadas de los fallos técnicos del sistema, es importante que, como profesional del transporte, documentes cualquier incidencia que tengas con el DECA: pantallazos, mensajes de error, correos con el soporte técnico, fechas y horas concretas, etc. Esta información puede servirte para acreditar que la imposibilidad de mostrar el documento fue ajena a tu voluntad.

También es recomendable que mantengas actualizados tus procedimientos internos y que informes a tus conductores sobre cómo actuar ante un eventual fallo de la plataforma en carretera. La coordinación entre la empresa, los conductores y las autoridades de control será clave para evitar malentendidos y situaciones de conflicto.

El DECA ha llegado para quedarse como herramienta central de control en el transporte de mercancías por carretera, con el objetivo de digitalizar y modernizar la gestión documental. Sin embargo, los problemas detectados desde su puesta en marcha demuestran que la transición a formatos electrónicos requiere una implementación técnica sólida y un acompañamiento real al sector.

La decisión del Ministerio de reconocer los fallos y frenar las sanciones asociadas a ellos supone un paso en la buena dirección, pero todavía estás ante un periodo de ajuste en el que la colaboración entre Administración y transportistas será fundamental para lograr un sistema fiable, ágil y plenamente operativo.

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El sector del transporte riojano pide que la eliminación del peaje de la AP-68 vaya acompañada de una revisión de los desvíos obligatorios desde la N-232. Javier Cámara, secretario general de CETM La Rioja, plantea permitir que los camiones que abandonen justificadamente la autopista puedan reincorporarse por el acceso más adecuado en el sentido de su marcha, evitando recorridos de vuelta innecesarios.

La próxima gratuidad de la AP-68 abre para el transporte de mercancías un debate que va más allá del ahorro en peajes. En una tribuna sobre esta nueva etapa, Javier Cámara reclama aprovechar el cambio para adaptar las restricciones a las necesidades reales de las empresas y los conductores, manteniendo las garantías de seguridad vial.

El representante de CETM La Rioja recibe favorablemente la eliminación del peaje, que el texto sitúa el próximo 11 de noviembre, pero considera necesario revisar una regulación concebida para unas circunstancias diferentes.

Una revisión de los desvíos implantados en 2017

Cámara recuerda que en diciembre de 2017 se implantó el desvío obligatorio hacia la AP-68 de los camiones de cuatro o más ejes afectados por las restricciones de la N-232. La medida se acompañó de otras actuaciones destinadas a reducir la siniestralidad, como la instalación de radares y los cambios en la señalización horizontal.

El secretario general reconoce las ventajas de seguridad que ofrece una autopista frente a una carretera convencional. Sin embargo, cuestiona que una obligación se mantenga sin revisar sus consecuencias prácticas cuando cambia el contexto en el que fue aprobada.

Desde su perspectiva, la existencia de dos vías gratuitas debería permitir una mayor flexibilidad para elegir el itinerario, atendiendo tanto a la seguridad como a las características de cada servicio.

La AP-68 seguirá siendo, según su planteamiento, la alternativa preferente para buena parte de los desplazamientos de largo recorrido. El problema aparece cuando el trabajo exige salir de ella.

Los camiones necesitan acceder a empresas, talleres y zonas de descanso

La actividad del transporte en La Rioja no se limita al tráfico de paso. Los vehículos también necesitan llegar a fábricas, almacenes y centros logísticos para cargar o descargar, además de acceder a estaciones de servicio, talleres, alojamientos o lugares de descanso.

Cámara subraya que la red convencional conecta con una parte del tejido productivo y de los servicios que necesitan los transportistas. Por ello, considera que la regulación debe contemplar esas necesidades sin imponer desplazamientos que dificulten la operativa.

Entre los motivos que recoge su exposición figuran el regreso al domicilio habitual del conductor, el acceso a la base del vehículo, las pausas y descansos obligatorios, las reparaciones, el mantenimiento y el abastecimiento.

La objeción se centra en la exigencia de volver por el mismo itinerario empleado para entrar en el tramo restringido. Según denuncia, esta condición puede obligar al camión a retroceder cuando existe otra incorporación a la autopista más adecuada para continuar el viaje.

La propuesta: regresar a la AP-68 en el sentido de la marcha

La alternativa que plantea CETM La Rioja consiste en permitir la reincorporación por el acceso más adecuado en el sentido del desplazamiento, siempre que la salida de la autopista esté justificada.

La propuesta mantendría la obligación de acreditar documentalmente el motivo de la circulación excepcional. No supondría, por tanto, una apertura general de los tramos restringidos de la N-232 al tráfico pesado.

Para explicar el problema, Cámara utiliza el ejemplo de un camión que circula desde Barcelona hacia Bilbao y abandona la AP-68 en Calahorra para cargar en Pradejón. Según expone, la regulación puede obligarle a regresar al acceso utilizado para salir, en lugar de continuar por la N-232 hacia la siguiente incorporación en dirección a Bilbao.

El resultado, sostiene, es un recorrido adicional que incrementa el consumo, las emisiones, los costes y el tiempo de conducción.

«¿Por qué obligar a un camión a retroceder varios kilómetros para reincorporarse a la autopista cuando puede continuar en el sentido de su marcha hasta el siguiente acceso?», plantea el secretario general.

Seguridad vial y eficiencia del transporte

Cámara defiende que la seguridad vial debe seguir siendo una prioridad, pero pide que las restricciones sean proporcionadas, coherentes y eficaces. A su juicio, su aplicación debe evaluarse también por los desplazamientos adicionales que generan.

Como referencia, menciona los criterios que permiten al transporte de mercancías peligrosas abandonar determinados itinerarios obligatorios para acceder a destinos o servicios necesarios bajo condiciones específicas. Propone estudiar soluciones para el transporte general, respetando las particularidades de cada regulación.

La petición a la Administración es aprovechar el cambio de etapa de la AP-68 para escuchar al sector y revisar las condiciones de los desplazamientos excepcionales. El objetivo es facilitar el acceso a empresas y servicios, evitar kilómetros innecesarios y mantener la seguridad de todos los usuarios.

«Flexibilizar no es renunciar a la seguridad. Es aplicar el sentido común para hacerla compatible con la realidad», concluye Cámara.

Vía: https://nuevecuatrouno.com/2026/10/18/la-ap-68-sera-gratuita-los-camiones-necesitan-algo-mas-sentido-comun/

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El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido de que no descarta convocar movilizaciones en el sector del transporte de carretera si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene el bloqueo a la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales de este ámbito.

Según ha explicado la organización sindical, el Gobierno se ha limitado a dar respuestas genéricas y sin compromisos concretos respecto a la posibilidad de permitir el acceso a la jubilación anticipada a los trabajadores y trabajadoras del transporte de mercancías y de viajeros por carretera. Esta situación ha encendido las alarmas en un sector que ya arrastra altos niveles de penosidad, siniestralidad y envejecimiento de la plantilla.

Reivindicación de una jubilación anticipada justa para el transporte por carretera

CCOO recuerda que la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación está contemplada para actividades especialmente penosas, peligrosas o insalubres, y defiende que el transporte por carretera cumple sobradamente con estos criterios. El sindicato sostiene que las largas jornadas, el trabajo a turnos, las condiciones ergonómicas adversas, la presión por los tiempos de conducción y descanso, y la exposición continuada a factores de riesgo justifican plenamente esta medida.

Además, insisten en que la medida no solo protegería la salud de las personas trabajadoras, sino que también contribuiría a renovar las plantillas y a mejorar la seguridad vial, reduciendo la presencia de conductores de edad avanzada en condiciones de alta exigencia física y mental. Desde la organización sindical se subraya que esta reivindicación no es nueva, sino que lleva años encima de la mesa en las negociaciones con el Gobierno.

Un sector estratégico con un serio problema de envejecimiento

El transporte por carretera es  un sector estratégico para la economía, tanto en mercancías como en viajeros. Sin embargo, CCOO alerta de que se enfrenta a un importante problema de relevo generacional. La edad media de la plantilla aumenta, mientras que la incorporación de jóvenes se ve dificultada por las condiciones laborales, los salarios y la falta de reconocimiento social de la profesión.

Para el sindicato, permitir la jubilación anticipada con coeficientes reductores sería una herramienta clave para hacer el sector más atractivo y sostenible a medio y largo plazo. En su opinión, bloquear esta vía supone agravar aún más la crisis de vocaciones en el transporte por carretera y poner en riesgo la calidad y continuidad del servicio.

Advertencia clara al Gobierno: movilizaciones si no hay avances

Ante la falta de avances concretos, CCOO ha lanzado un mensaje directo al Ejecutivo: si el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social mantiene su posición y no habilita la jubilación anticipada para el transporte por carretera, el sindicato se verá obligado a activar un calendario de movilizaciones en todo el territorio.

Estas protestas podrían incluir concentraciones, paros y otras acciones sindicales en empresas y centros de trabajo del sector. El objetivo, según la organización, es visibilizar la situación de miles de profesionales que, tras décadas en la carretera, ven cómo se les niega una salida razonable al final de su vida laboral.

Llamamiento a la unidad del sector del transporte

CCOO también ha aprovechado para hacer un llamamiento a la unidad de todas las personas trabajadoras y del conjunto de organizaciones sindicales y profesionales del transporte por carretera. El sindicato considera imprescindible que el sector se muestre cohesionado y firme en la defensa de la jubilación anticipada, tanto en el transporte de mercancías como en el de viajeros.

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Fenadismer ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento y denuncias para transportistas cuyos clientes incumplan la cláusula de indexación del combustible. La federación trasladará los casos a la Inspección de Transporte y protegerá la identidad de los afectados frente a posibles represalias comerciales.

La iniciativa abarca los incumplimientos tanto de cargadores principales como de intermediarios. Su finalidad es que las variaciones del gasóleo se reflejen en la facturación y no recaigan sobre las empresas transportistas.

Fenadismer también pedirá que se examinen las condiciones económicas y las facturas anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2026, aprobado en abril.

Con esta comprobación busca detectar rebajas artificiales de las tarifas destinadas a neutralizar la posterior revisión por combustible. La organización denuncia que esta práctica permite mantener el mismo importe neto, aunque formalmente se aplique la actualización.

El anuncio llega en un contexto de encarecimiento del gasóleo, con incrementos desde enero hasta el 1 de octubre del 44,6 % para vehículos pesados y del 38,4 % para los de menor tonelaje. Fenadismer insta a los transportistas afectados a comunicar los casos.

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Las protestas agrarias previstas para este miércoles en Cataluña, en forma de tractoradas y marchas lentas, van a tener un impacto directo sobre la circulación en varias carreteras clave para el transporte de mercancías por carretera. Como profesional del transporte, es importante que tengas en cuenta estos cortes y restricciones para planificar tus rutas y horarios con la máxima antelación posible.

Zonas y carreteras afectadas por las tractoradas

Las movilizaciones se concentrarán en diversos tramos de la red viaria catalana, tanto en vías principales como secundarias. Según la información facilitada por las organizaciones convocantes y las autoridades de tráfico, está previsto que las tractoradas afecten de forma especial a:

• Vías de acceso a grandes núcleos urbanos, donde se prevén marchas lentas que pueden generar retenciones importantes.
• Carreteras comarcales utilizadas habitualmente por el transporte regional de mercancías, donde la presencia de tractores ocupará uno o varios carriles.
• Conexiones con zonas logísticas y polígonos industriales, puntos especialmente sensibles para el sector del transporte.

Las acciones reivindicativas se centrarán, principalmente, en tramos estratégicos para el movimiento de camiones, por lo que es previsible que se produzcan demoras significativas en los tiempos de tránsito, especialmente durante las horas centrales del día.

Horarios y desarrollo previsto de las movilizaciones

Las tractoradas están programadas para desarrollarse a lo largo del miércoles, con un inicio escalonado a primera hora de la mañana y la posibilidad de que se prolonguen durante varias horas, en función del seguimiento de las protestas y de la evolución de las negociaciones con las administraciones.

Aunque la duración exacta puede variar, se recomienda que, si realizas transporte de larga distancia o distribución regional en Cataluña, tengas en cuenta que:

• La franja de mayor afectación se producirá previsiblemente entre la mañana y primera hora de la tarde.
• Se pueden generar embotellamientos en accesos a polígonos y plataformas logísticas, afectando cargas, descargas y cambios de turno.
• Las marchas lentas de tractores pueden reducir de forma drástica la velocidad media en determinados tramos.

En las próximas horas, es previsible que las autoridades de tráfico y las organizaciones de transporte actualicen la información sobre tramos concretos afectados, duración de los cortes y posibles desvíos. Te recomendamos mantenerte atento a estos comunicados y trasladar a tus equipos cualquier cambio relevante que pueda afectar a las operaciones de transporte programadas para este miércoles en Cataluña.

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El Sindicato Libre de Transporte (SLT) ha anunciado que no se sumará a la huelga general del 11 de noviembre que, según recoge en su comunicado, promueven UGT y CCOO. La organización comparte la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad y las dificultades de acceso a la vivienda, pero cuestiona el contexto de la convocatoria y su posible vinculación con intereses electorales.

El Sindicato Libre de Transporte ha hecho pública su posición ante la movilización con un mensaje que combina la reclamación de medidas urgentes para los trabajadores con la defensa de su autonomía respecto de los partidos políticos. Su decisión de no adherirse no supone un rechazo a las reivindicaciones sociales ni cuestiona el derecho de huelga, según subraya la organización.

SLT considera que el deterioro de las condiciones de vida exige respuestas sostenidas y responsabilidades por parte de todas las administraciones, con independencia de quién gobierne.

El acceso a la vivienda, entre las principales preocupaciones

El sindicato sitúa las dificultades para acceder a una vivienda entre los problemas más graves que afrontan las personas trabajadoras. En su comunicado alude a quienes destinan buena parte del salario al alquiler, a los jóvenes que no pueden emanciparse y a las familias que viven con incertidumbre sobre su capacidad para seguir pagando su hogar.

«Tener un empleo debe permitir vivir con dignidad y acceder a una vivienda», sostiene SLT.

La organización afirma que comparte la indignación de quienes consideran que las respuestas llegan tarde. Por ello, reclama medidas urgentes y compromisos duraderos, tanto para facilitar el acceso a una vivienda digna como para combatir la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo.

SLT cuestiona el momento y la finalidad de la convocatoria

Para explicar su decisión, el sindicato señala la proximidad a las elecciones generales que menciona en su comunicado y los mensajes políticos de los dirigentes convocantes. A su juicio, estos elementos generan dudas sobre la finalidad de la movilización y sobre el peso que tienen en ella las reivindicaciones laborales.

SLT califica de insuficiente la respuesta sindical de los últimos ocho años frente al deterioro del acceso a la vivienda. En este contexto, pide una explicación clara sobre por qué se convoca ahora la huelga, a quién se dirigen las exigencias y qué mejoras concretas se pretenden conseguir.

La organización defiende que la acción sindical debe mantenerse al margen del calendario electoral y expresa su preocupación por que una reivindicación que afecta a trabajadores de distintas ideas termine absorbida por la confrontación política.

El comunicado también plantea dudas sobre el encaje jurídico que podría tener la convocatoria si sus objetivos fueran ajenos a los intereses de los trabajadores. No obstante, SLT aclara expresamente que no afirma que la huelga sea ilegal ni presenta esa duda como una conclusión jurídica.

Respeto a quienes decidan secundar la huelga

El sindicato insiste en que respeta tanto a quienes participen en la movilización como a quienes decidan continuar trabajando. También reconoce el esfuerzo personal y económico que supone secundar una huelga, especialmente para las personas con dificultades para llegar a final de mes.

En este sentido, reclama que cada trabajador y cada afiliado pueda decidir libremente, con información y sin presiones ni descalificaciones.

SLT mantiene su apuesta por la negociación colectiva, el diálogo social y la movilización cuando resulte necesaria para defender los derechos laborales. Entre sus prioridades sitúa los salarios suficientes, el empleo estable, la mejora de las condiciones de trabajo y el acceso efectivo a una vivienda digna.

«Exigiremos respuestas a cualquier Gobierno, con independencia de su signo político», afirma la organización, que cierra su posicionamiento con una declaración: «Nuestra independencia no se negocia. Nuestro compromiso es con los trabajadores y sus familias».

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La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) alerta de que algunos cargadores están trasladando a los transportistas toda la elaboración y gestión del Documento Electrónico de Control Administrativo (DeCA). La organización denuncia que, en determinados casos, incluso se pretende cobrar a las empresas de transporte por cada documento generado.

La implantación del DeCA ha abierto un nuevo frente en las relaciones entre cargadores y transportistas. La CETM reclama que cada participante asuma las responsabilidades que le corresponden y rechaza que la digitalización documental se convierta en una carga administrativa y económica adicional para quienes realizan el transporte.

Según explica la Confederación, está teniendo conocimiento de situaciones en las que algunos cargadores trasladan íntegramente al transportista la preparación y gestión del documento, pese a que existen responsabilidades para las distintas partes de la operación.

La organización considera especialmente preocupante que, además de desplazar estas tareas, se pretenda facturar al transportista la generación del DeCA. A su juicio, una obligación compartida no puede transformarse en una responsabilidad exclusiva de la empresa de transporte ni en un servicio que esta deba comprar a su cliente.

La denuncia se dirige a determinadas prácticas detectadas por la CETM, que pide evitar que la adaptación al documento electrónico sirva para introducir nuevos costes en la relación comercial.

La CETM recuerda que la normativa distribuye entre el cargador contractual y el transportista efectivo la responsabilidad sobre los datos incluidos en el documento de control.

Según detalla la organización, el cargador responde, entre otros aspectos, de la información relativa a las partes de la operación, el origen, el destino, la naturaleza y el peso de la mercancía. Por su parte, el transportista responde de los datos vinculados a la ejecución del servicio. Este reparto resulta central en su reclamación: quien dispone de buena parte de la información necesaria para elaborar el documento debe asumir la responsabilidad que le corresponde.

Por ello, la Confederación cuestiona que determinados cargadores trasladen toda la carga administrativa al transportista y, al mismo tiempo, pretendan cobrarle por generar la documentación.

Las empresas transportistas están realizando un esfuerzo para adaptar sus procedimientos a las nuevas exigencias digitales y administrativas. En este contexto, la CETM considera grave y difícil de justificar que el DeCA pueda convertirse en un gasto adicional impuesto por el cliente. Su petición es que cada parte de la cadena de suministro asuma las obligaciones y los costes derivados de su propia responsabilidad, sin desplazarlos íntegramente hacia quien ejecuta el porte.

La organización defiende que la digitalización debe facilitar la gestión del transporte y simplificar los procedimientos. La introducción de cobros por la generación del documento, sostiene, se aleja de ese objetivo.

El presidente de la CETM, Carmelo González, resume la posición de la Confederación al señalar que el documento electrónico debe contribuir a modernizar el sector: «El DeCA debe servir para digitalizar y, por tanto, modernizar y simplificar el transporte, no para crear un nuevo peaje digital».

González reclama que los cargadores asuman su responsabilidad cuando disponen de los datos necesarios y cuestiona que el transportista termine realizando el trabajo administrativo y pagando por él.

Además, advierte de que, al menos por el momento, las empresas siguen llevando la misma documentación en papel que antes. Una situación que, según plantea la CETM, pone de manifiesto la necesidad de que la transición digital se traduzca en una simplificación efectiva de la operativa.

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La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) reclama mayor flexibilidad y un periodo transitorio para facilitar la adaptación de las empresas al Documento Electrónico de Control Administrativo (DeCA). En los primeros días de aplicación, sus asociados han comunicado problemas con la modificación de datos, el funcionamiento de las aplicaciones y la incertidumbre sobre quién debe emitir el documento.

Desde el pasado lunes, las empresas asociadas a FVET están trasladando a la organización distintas incidencias relacionadas con la generación del DeCA, cuya obligatoriedad desde el 5 de octubre para el transporte interior y las operaciones de cabotaje en territorio español señala la Federación.

Según explica la entidad, en apenas dos días los transportistas han detectado dificultades que afectan tanto a la elaboración del documento como a su adaptación a las circunstancias reales de cada servicio. A ello se añade la falta de certeza sobre si la documentación generada cumple todas las exigencias.

Incertidumbre sobre quién debe emitir el DeCA

Una de las principales preocupaciones se centra en la responsabilidad de emitir el documento. FVET considera que existen aspectos de la normativa que no están suficientemente definidos y que están provocando discrepancias entre transportistas y clientes.

El secretario general de la Federación, Carlos García, advierte de que «existen algunas indeterminaciones de la normativa que generan incertidumbre, en especial, sobre quién debe emitir el documento y muchos clientes —cargadores contractuales— se niegan a hacerlo».

Esta situación añade dificultades a la gestión diaria de los servicios, en un momento en el que las empresas todavía están adaptándose al nuevo sistema.

Dificultades para modificar datos y reflejar cambios de última hora

Las incidencias comunicadas por los asociados también afectan a la integridad y modificación de los datos, así como al funcionamiento de las aplicaciones utilizadas para generar el DeCA. Según FVET, el sistema reduce la flexibilidad para incorporar cambios que forman parte de la operativa habitual del transporte. Entre ellos figuran la subcontratación acordada en el último momento, las circunstancias que aún no están concretadas al iniciar un servicio y las modificaciones que se producen durante el viaje.

La Federación reclama que la implantación tenga en cuenta estas situaciones para que las empresas puedan reflejarlas en el documento sin que ello se convierta en un obstáculo para desarrollar el transporte.

La carga fraccionada y la última milla afrontan mayores dificultades

Los problemas resultan especialmente relevantes en actividades con procesos de distribución complejos, donde intervienen numerosas variables que no siempre pueden conocerse al comienzo del servicio. Carlos García señala que «para algunos subsectores, relacionados con procesos de distribución compleja —carga fraccionada, última milla, etc.— es prácticamente imposible contemplar todas las variables que exige el DeCA». FVET pone así el foco en la necesidad de que el documento electrónico se adapte a las características de estas operaciones y permita gestionar las circunstancias que surgen durante su ejecución.

Aplicaciones disponibles sin margen para realizar pruebas

La Federación también cuestiona el escaso tiempo del que han dispuesto las empresas para familiarizarse con algunas de las herramientas públicas. Según indica, la aplicación del Ministerio de Transportes se puso en marcha el viernes 2 de octubre, inmediatamente antes de la entrada en vigor de la obligación. Este calendario dejó a los usuarios sin un periodo previo de rodaje para probar su funcionamiento y adaptar sus procedimientos.

La falta de experiencia con las aplicaciones se suma a las dudas sobre la cumplimentación del documento y sobre cómo comprobar que se han satisfecho todos los requisitos.

FVET pide flexibilidad para facilitar la adaptación de las pymes

Ante estas dificultades, FVET solicita que se contemple, en la práctica, un periodo transitorio antes de exigir el pleno cumplimiento de la nueva normativa. El objetivo es facilitar la adaptación de las empresas y reducir la incertidumbre que generan las ambigüedades detectadas durante la implantación, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

«Reclamamos mayor flexibilidad para facilitar la adaptación de las empresas y que, en la práctica, se contemple un periodo transitorio hasta exigir el pleno cumplimiento de la nueva normativa», sostiene Carlos García. La Federación considera necesario dar margen a los transportistas para resolver las incidencias, familiarizarse con las herramientas y aclarar las dudas sobre la emisión y modificación del DeCA.

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