Las patronales del transporte representadas en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) han llegado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT que supone la desconvocatoria de la huelga de conductores profesionales que iba a iniciarse el próximo lunes 28 de octubre.

En un comunicado, la CETM ha explicado que los detalles del pacto alcanzado se comunicarán a lo largo del día de mañana.

Tanto las patronales como los sindicatos se han reunido este jueves en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para consensuar un acuerdo respecto a la jubilación anticipada para el sector.

La huelga iba a comenzar el próximo lunes, 28 de octubre, con la previsión de seguir los días 11, 28 y 29 de noviembre; 5 y 9 de diciembre y de forma indefinida a partir del 23 de diciembre.

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Las estaciones de servicio han solicitado al Gobierno que prolongue las ayudas vigentes sobre los carburantes más allá del 30 de junio, al considerar que la incertidumbre en los mercados energéticos y la evolución del precio del petróleo siguen generando presión sobre los costes de movilidad y transporte. El sector considera que una retirada prematura de estas medidas podría trasladarse directamente al bolsillo de consumidores y empresas.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha reclamado al Ejecutivo que mantenga las medidas de apoyo aplicadas a los carburantes al menos hasta después del verano, coincidiendo con uno de los periodos de mayor movilidad del año. La organización considera que la actual coyuntura internacional continúa marcada por una elevada volatilidad en los mercados energéticos, lo que dificulta anticipar la evolución de los precios durante los próximos meses.

Desde el sector recuerdan que los conflictos internacionales y las tensiones en las principales zonas productoras de petróleo siguen condicionando la evolución de las cotizaciones energéticas. Aunque los precios de los carburantes han mostrado cierta estabilidad en las últimas semanas, las estaciones de servicio advierten de que cualquier alteración en los mercados internacionales podría provocar nuevos repuntes que afectarían tanto a particulares como a empresas. Por ello, consideran que las ayudas actualmente vigentes continúan siendo una herramienta útil para amortiguar posibles incrementos de costes.

La petición adquiere una relevancia especial para el transporte de mercancías por carretera, uno de los sectores más sensibles a las variaciones del precio del combustible. El carburante sigue representando uno de los principales costes operativos para transportistas y operadores logísticos, por lo que cualquier incremento significativo puede repercutir directamente en la rentabilidad de las empresas y en los costes de distribución. Las organizaciones empresariales del sector llevan semanas trasladando al Gobierno la necesidad de mantener mecanismos de apoyo mientras persista la incertidumbre energética.

Las estaciones de servicio consideran que la campaña estival será determinante para evaluar la evolución real de los precios energéticos y el comportamiento de la demanda. Por este motivo, defienden que cualquier decisión sobre la retirada de las ayudas debería aplazarse hasta después del verano, cuando exista una mayor visibilidad sobre la situación de los mercados internacionales y el impacto de los factores geopolíticos sobre el petróleo.

Las medidas actualmente en vigor finalizan el próximo 30 de junio, por lo que el sector energético y el transporte permanecen atentos a la decisión que adopte el Gobierno en las próximas semanas. La continuidad o no de estas ayudas tendrá un efecto directo sobre los costes de repostaje y sobre la competitividad de numerosas actividades económicas, especialmente aquellas más dependientes del consumo de combustible, como el transporte de mercancías por carretera.

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Baleària reforzó durante 2025 su papel como operador logístico marítimo al transportar más de 8,3 millones de metros lineales de mercancías, una cifra que consolida el crecimiento de su actividad de carga. Paralelamente, la naviera logró reducir un 12% las emisiones de CO₂ por unidad transportada gracias a su apuesta por una flota más eficiente y el uso de energías más sostenibles.

Baleària cerró 2025 con un volumen de transporte de mercancías superior a los 8,3 millones de metros lineales, un resultado que confirma la importancia creciente del negocio de carga dentro de la actividad de la compañía. La naviera mantiene una posición estratégica en el transporte marítimo de mercancías entre la Península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y el norte de África, corredores fundamentales para garantizar el suministro de productos y materias primas.

Uno de los principales hitos alcanzados por la compañía durante el ejercicio fue la reducción del 12% de las emisiones de dióxido de carbono por unidad de carga transportada. Este avance responde a la estrategia de descarbonización impulsada por la naviera, basada en la incorporación de tecnologías más eficientes, la modernización de la flota y la utilización de combustibles con menor impacto ambiental. La mejora de la eficiencia energética se ha convertido en un objetivo prioritario para el transporte marítimo, especialmente ante el incremento de las exigencias regulatorias en materia medioambiental.

Baleària continúa desarrollando un modelo de transporte marítimo apoyado en la innovación tecnológica y la transición energética. En los últimos años, la compañía ha realizado importantes inversiones para incorporar buques capaces de operar con combustibles alternativos y sistemas que contribuyen a reducir el consumo energético. La estrategia de la naviera se alinea con los objetivos europeos de reducción de emisiones y con las demandas de los clientes, cada vez más interesados en soluciones logísticas sostenibles.

La actividad de carga de Baleària desempeña un papel fundamental para numerosos sectores económicos que dependen de conexiones marítimas regulares para el abastecimiento de mercancías. El transporte de productos industriales, alimentación, bienes de consumo y mercancía rodada convierte a la compañía en un actor relevante dentro de la cadena logística nacional, especialmente en territorios insulares donde el transporte marítimo resulta imprescindible.

Los resultados obtenidos durante 2025 reflejan la creciente importancia de combinar capacidad logística y sostenibilidad en el sector del transporte. La reducción de emisiones por unidad de carga evidencia el esfuerzo realizado por Baleària para avanzar hacia un modelo más eficiente desde el punto de vista energético, manteniendo al mismo tiempo elevados volúmenes de transporte de mercancías en los principales corredores marítimos en los que opera.

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La Seguridad Social ha remitido el primer informe pendiente sobre la solicitud de coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los transportistas, un paso que permite seguir avanzando en la tramitación de esta histórica reivindicación del sector. CCOO considera que el procedimiento continúa su curso y espera que los próximos trámites se desarrollen dentro de los plazos previstos.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha enviado el informe de mortalidad y morbilidad en la conducción de transporte de mercancías por carretera al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

A partir de ahora, ambos organismos deberán elaborar sus respectivos informes sobre las condiciones laborales de la actividad y sobre aspectos relacionados con la penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad del trabajo desempeñado por los conductores profesionales. El plazo previsto para completar esta fase es de un mes.

Desde CCOO subrayan que este trámite demuestra que el expediente continúa activo y no ha sido archivado ni rechazado, a pesar de haberse superado el plazo inicial de seis meses establecido para resolver las solicitudes de aplicación de coeficientes reductores para los conductores de transporte de mercancías por carretera y de viajeros en autobús.

Una vez finalizados los informes pendientes, la documentación pasará a la Comisión de Evaluación, encargada de analizar el expediente y emitir sus conclusiones. Según las previsiones actuales, este organismo podría pronunciarse antes de que finalice el mes de julio.

Posteriormente se abrirá el trámite de audiencia y se dictará la resolución correspondiente, que determinará si la solicitud es estimada o desestimada y, en su caso, si continúa su recorrido administrativo hasta el Consejo de Ministros.

El sindicato recuerda además que todavía está pendiente la emisión del expediente correspondiente a los conductores del transporte de viajeros por carretera en autobús.

Este avance se produce en un momento especialmente relevante para el sector, después de que UGT desconvocara la huelga general prevista para el 22 de junio en el transporte por carretera de mercancías y viajeros tras mantener una reunión con responsables de la Seguridad Social.

La posible implantación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los conductores profesionales sigue siendo una de las principales demandas de las organizaciones sindicales, que consideran que las condiciones de trabajo del sector justifican la adopción de medidas específicas para facilitar el acceso a la jubilación antes de la edad ordinaria.

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El Gobierno pasará a gestionar directamente 993 kilómetros de autovías de primera generación a partir del 1 de enero de 2027, tras la finalización de diez contratos de concesión adjudicados en 2007. La medida obligará a reforzar los recursos destinados a la conservación de estas infraestructuras, aunque el Ejecutivo estima que la reversión permitirá generar un importante ahorro presupuestario.

El próximo 31 de diciembre de 2026 expirarán los diez contratos de concesión de las denominadas autovías de primera generación, lo que supondrá que el Estado asuma directamente la conservación y explotación de 993 kilómetros de la red viaria. Estas carreteras representan alrededor del 9,5% de las autovías estatales libres de peaje.

Los tramos afectados corresponden a las autovías A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, adjudicadas en 2007 bajo el sistema conocido como “peaje en sombra”. Este modelo permite a los usuarios circular sin abonar peajes, mientras que la Administración compensa económicamente a las concesionarias en función del volumen de tráfico registrado.

Según los cálculos de la patronal Seopan, una vez que estas vías reviertan al Estado será necesario destinar alrededor de 79,4 millones de euros anuales para su conservación. La estimación se basa en un coste medio de mantenimiento de 80.000 euros por kilómetro, que deberá financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, el Gobierno maneja una previsión diferente. Su intención pasa por integrar estos corredores en contratos de conservación de mayor tamaño junto a otras carreteras estatales, una estrategia con la que calcula obtener un ahorro superior a los 200 millones de euros al año una vez finalicen las concesiones.

Las empresas concesionarias destacan que estos corredores han movilizado inversiones por valor de 2.504 millones de euros destinadas a la modernización y reposición de la red viaria. Según sus datos, esta cifra equivale a 2,3 veces el programa estatal de creación de infraestructuras de carreteras del Ministerio de Transportes.

Además, estas autovías soportan un tráfico un 25% superior a la media de las vías libres de peaje y registran una presencia de vehículos pesados 4,7 puntos porcentuales por encima del promedio de la red estatal, lo que refuerza su importancia estratégica para el transporte de mercancías por carretera.

Actualmente, los contratos funcionan mediante un sistema de cánones vinculados a 41 indicadores de calidad del servicio y cuentan con una plantilla conjunta de alrededor de 500 trabajadores especializados en conservación y explotación.

Uno de los aspectos que deberá resolverse antes de la reversión será el futuro de estos profesionales. Entre las cuestiones pendientes figura la posible subrogación de los trabajadores para garantizar la continuidad de los servicios de mantenimiento cuando las autovías vuelvan a depender directamente de la Administración.

Desde Seopan defienden que el modelo concesional ha contribuido a mejorar los niveles de seguridad y calidad de servicio de estas infraestructuras. La comparación entre los dos años previos al inicio de los contratos y los dos últimos ejercicios de explotación refleja una reducción significativa de los índices de peligrosidad y mortalidad, además de un estado de conservación superior al de otras autovías de la red estatal.

La reversión de estos casi mil kilómetros de autovías supondrá uno de los cambios más relevantes en la gestión de la red viaria estatal de los próximos años, con implicaciones tanto presupuestarias como operativas para el sector de la conservación de carreteras y para las empresas que utilizan diariamente estos corredores estratégicos para el transporte de mercancías.

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reforzará durante 2026 las inspecciones sobre determinadas fórmulas societarias utilizadas en el transporte de mercancías por carretera. El objetivo es combatir prácticas fraudulentas vinculadas a cooperativas que operan al margen de la normativa y que pueden generar situaciones de competencia desleal en el sector.

La medida forma parte del Plan de Inspección de Transporte por Carretera 2026, con el que la Administración pretende aumentar el control sobre aquellas organizaciones que utilizan estructuras cooperativas para eludir obligaciones fiscales, laborales o de acceso a la actividad.

El Ministerio ha advertido de que continuará intensificando las actuaciones inspectoras sobre las cooperativas de trabajo asociado que desarrollan su actividad en el transporte de mercancías por carretera, especialmente aquellas en las que los socios realizan facturación propia y tributan mediante sistemas que les permiten obtener ventajas fiscales de forma irregular.

Según Transportes, este tipo de prácticas puede derivar no solo en incumplimientos de carácter sociolaboral, sino también en distorsiones de la competencia que perjudican a las empresas y profesionales que operan conforme a la normativa vigente.

La actividad inspectora ya dejó resultados significativos durante el pasado ejercicio. En 2025 fueron inspeccionadas 27 cooperativas, unas actuaciones que desembocaron en la apertura de más de 1.200 expedientes sancionadores.

Las sanciones impuestas superaron en algunos casos el millón de euros, reflejando la magnitud de las irregularidades detectadas por los servicios de inspección.

El Ministerio también pone el foco en aquellos socios trabajadores que, pese a formar parte de una cooperativa de trabajo asociado, contratan o facturan servicios de transporte para terceros o para la propia cooperativa sin disponer de la correspondiente autorización de transporte.

En estos supuestos, la Administración recuerda que la responsabilidad puede alcanzar tanto a la cooperativa como a los socios implicados, por lo que las sanciones podrían extenderse a ambas partes cuando se acrediten incumplimientos de la normativa.

Ante esta situación, Transportes recomienda a los profesionales analizar con cautela las ofertas realizadas por determinadas cooperativas que prometen acceso al trabajo sin necesidad de contar con autorización de transporte o que publicitan ventajas fiscales incompatibles con la legislación vigente.

Asimismo, recuerda que los transportistas pueden trasladar consultas o comunicar posibles irregularidades a través del Buzón de la Inspección de Transporte por Carretera, habilitado en la sede electrónica del Ministerio.

Con este refuerzo de las inspecciones, el Ministerio busca asegurar que todas las empresas y profesionales del transporte desarrollen su actividad bajo las mismas reglas, reforzando la legalidad y la transparencia en un sector especialmente sensible a las prácticas de competencia desleal.

La Administración considera que estas actuaciones son fundamentales para preservar un mercado equilibrado y garantizar que el ejercicio de la actividad se realice conforme a los requisitos exigidos por la normativa de transporte por carretera.

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Las empresas que desarrollan actividad entre las 22:00 y las 6:00 horas deben cumplir una serie de limitaciones que afectan directamente a la organización de los turnos, la planificación de las plantillas y la gestión de los costes laborales. El marco legal vigente establece condiciones concretas para el trabajo nocturno que impactan especialmente en sectores con actividad continua, como el transporte y la distribución.

El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores considera trabajo nocturno el realizado dentro de esa franja horaria y fija obligaciones relacionadas con la duración de la jornada, la realización de horas extraordinarias y la compensación económica correspondiente.

La normativa no solo tiene en cuenta el horario de inicio o finalización del servicio. Se considera trabajador nocturno a quien realiza al menos tres horas de su jornada diaria dentro del periodo comprendido entre las 22:00 y las 6:00 horas, o a quien tenga previsto trabajar en esa franja durante, como mínimo, una tercera parte de su jornada anual.

Esto implica que numerosos profesionales pueden quedar incluidos en esta categoría aunque solo una parte de su actividad se desarrolle durante la noche. Uno de los principales límites establecidos por la legislación afecta al tiempo de trabajo. La jornada de los trabajadores nocturnos no puede superar las ocho horas diarias de promedio en un periodo de referencia de quince días.Esta restricción obliga a las empresas a planificar cuidadosamente los cuadrantes de trabajo para garantizar el cumplimiento de los límites legales.

La normativa también prohíbe la realización de horas extraordinarias por parte de los trabajadores nocturnos. Como consecuencia, las empresas no pueden recurrir a prolongaciones habituales de la jornada para cubrir necesidades operativas, sino que deben reorganizar turnos o redistribuir personal. Para actividades con elevada demanda nocturna, esta limitación puede condicionar de forma significativa la planificación de los recursos humanos.

Cuando el recurso al trabajo nocturno tiene carácter habitual, la empresa debe comunicarlo a la autoridad laboral. Este requisito añade una obligación administrativa adicional y refuerza el control sobre este tipo de jornadas. Además, la normativa contempla la posibilidad de establecer garantías y limitaciones adicionales destinadas a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores que desarrollan su actividad durante la noche.

Otro de los aspectos relevantes es la rotación de los trabajadores. Ningún empleado puede permanecer asignado al turno nocturno durante más de dos semanas consecutivas, salvo que exista una aceptación voluntaria por su parte. Esta exigencia obliga a prever relevos en aquellas actividades que mantienen servicios, rutas o repartos nocturnos de forma continuada. Incluso cuando existe voluntariedad para prolongar la asignación, siguen siendo de aplicación los límites de jornada y la prohibición de realizar horas extraordinarias.

El pago del trabajo nocturno no está fijado de manera automática por la ley. La compensación económica debe establecerse a través de la negociación colectiva, salvo en aquellos casos en los que ya esté integrada en el salario por la propia naturaleza del puesto o sea sustituida por periodos de descanso equivalentes. Para las empresas de transporte y logística, donde buena parte de la actividad se desarrolla durante la noche, estas condiciones convierten la gestión de los turnos nocturnos en un elemento clave para garantizar el cumplimiento normativo y mantener la operativa diaria.

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El Gobierno ha presentado la Estrategia del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), una iniciativa con la que pretende impulsar la transformación digital del sector y mejorar la eficiencia del sistema de transporte. El proyecto busca facilitar el intercambio seguro de información entre los distintos actores de la movilidad para optimizar la planificación y la gestión de personas y mercancías.

La Estrategia del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) nace con el objetivo de crear un entorno que permita compartir y utilizar datos de forma segura, interoperable y eficiente entre administraciones públicas, operadores de transporte, empresas y otros agentes vinculados a la movilidad. La iniciativa pretende favorecer una gestión más eficiente del transporte mediante una mejor disponibilidad de la información, impulsando al mismo tiempo la digitalización y la innovación en el sector.

El espacio de datos permitirá integrar información procedente de diferentes fuentes para facilitar una visión más completa del sistema de movilidad. Gracias a ello, las administraciones y los operadores podrán disponer de herramientas que contribuyan a optimizar la planificación, la gestión y la toma de decisiones. Entre los objetivos de la estrategia figura también el desarrollo de nuevos servicios digitales que ayuden a mejorar la experiencia de los usuarios y la eficiencia de las operaciones de transporte.

La puesta en marcha del EDIM forma parte de la apuesta del Gobierno por la digitalización y por el aprovechamiento del potencial de los datos como elemento clave para modernizar el transporte. La estrategia busca fomentar la colaboración entre los distintos actores implicados, estableciendo un marco común para el intercambio de información y promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a una movilidad más conectada, eficiente y sostenible.

El Gobierno considera que la disponibilidad de datos compartidos y estructurados permitirá avanzar hacia un modelo de movilidad más inteligente, facilitando una mejor coordinación entre los distintos modos de transporte. En el ámbito del transporte de mercancías, esta herramienta puede contribuir a optimizar procesos, mejorar la gestión operativa y favorecer una mayor eficiencia logística, aspectos cada vez más relevantes para la competitividad del sector.

Con la presentación de la Estrategia del Espacio de Datos Integrado de Movilidad, el Ejecutivo da un paso más en el desarrollo de un ecosistema digital orientado a mejorar la movilidad y el transporte en España mediante el uso inteligente de los datos y la cooperación entre administraciones y operadores.

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La Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha decidido aplazar la huelga del transporte por carretera prevista inicialmente para el 8 de junio. El sindicato justifica la medida por el impacto que tendrá la visita del papa León XIV en la movilidad de millones de personas, aunque mantiene intactas sus reivindicaciones sobre la jubilación anticipada de los conductores profesionales.

UGT pospone el paro para evitar problemas de movilidad durante la visita papal

UGT ha anunciado el aplazamiento de la huelga estatal del transporte por carretera de mercancías y viajeros hasta el próximo 22 de junio. La convocatoria estaba prevista inicialmente para el 8 de junio, pero el sindicato considera que la visita del papa León XIV a España generará una importante demanda de desplazamientos entre los días 6 y 12 de junio.

Según explica la organización sindical, la decisión responde a un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía, ante la elevada afluencia de personas y los dispositivos especiales de movilidad que se desplegarán en distintos puntos del país durante esos días.

La reivindicación principal sigue siendo la jubilación anticipada de los conductores

Pese al aplazamiento, FeSMC-UGT insiste en que la medida no supone ningún cambio en las razones que motivaron la convocatoria de la huelga. El sindicato mantiene su exigencia al Gobierno para que dé una respuesta inmediata a la solicitud de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación de los conductores profesionales.

La organización sindical considera urgente el reconocimiento de la penosidad asociada a la conducción profesional y recuerda que sigue sin recibir información por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el estado de los expedientes presentados. A juicio de UGT, los plazos de tramitación ya se han prolongado más de lo razonable.

Advertencia al Gobierno: la huelga sigue sobre la mesa

UGT subraya que el aplazamiento es únicamente una medida temporal y no una renuncia a las movilizaciones. Por ello, advierte de que, si no recibe una respuesta concreta y por escrito por parte del Ejecutivo, la huelga estatal en el transporte por carretera de mercancías y viajeros comenzará el 22 de junio.

El conflicto mantiene como eje principal la reclamación de mecanismos que permitan adelantar la jubilación de los conductores profesionales, una demanda que el sector lleva años defendiendo debido a las condiciones de trabajo y al desgaste físico acumulado durante décadas al volante.

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para impulsar la formación en el sector del transporte por carretera. Dotada con 3,858 millones de euros, la iniciativa busca mejorar la cualificación de trabajadores, asociaciones profesionales y empresas vinculadas a las actividades auxiliares y complementarias del transporte.

Nueva convocatoria de ayudas para la formación en el transporte por carretera

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la formación de los profesionales del transporte por carretera, con una dotación económica de 3.857.955 euros. La medida da continuidad a la estrategia del departamento para favorecer la modernización y profesionalización de un sector considerado estratégico para la economía y la movilidad.

Estas ayudas están dirigidas a mejorar la capacitación específica tanto de los trabajadores como del personal que forma parte de asociaciones profesionales de transportistas, empresas de actividades auxiliares o complementarias del transporte por carretera y asociaciones profesionales de trabajadores. La resolución correspondiente ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Quién puede solicitar las ayudas

Podrán acceder a estas subvenciones las asociaciones profesionales de transportistas y de empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera, así como las asociaciones profesionales de trabajadores que cuenten con implantación en al menos tres comunidades autónomas.

De forma excepcional, también podrán ser beneficiarias otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que mantengan una vinculación acreditada con el sector del transporte terrestre y que acrediten condiciones especialmente adecuadas para aportar conocimientos especializados en esta actividad.

Los interesados disponen de un plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Formación presencial, online y semipresencial

Las acciones formativas subvencionables podrán impartirse en modalidad presencial, semipresencial o a distancia. Los cursos deberán encuadrarse dentro de diferentes áreas relacionadas con la actividad del transporte por carretera.

Entre las materias previstas se encuentran:

• Idiomas.
• Informática y digitalización.
• Conducción, incluyendo simuladores, perfeccionamiento profesional y uso de tacógrafos.
• Transporte y manipulación de mercancías, incluidas las mercancías peligrosas.
• Gestión empresarial, recursos humanos, logística y contratación.
• Normativa sectorial.
• Calidad.
• Medio ambiente.
• Prevención de riesgos laborales.

Además, la convocatoria contempla la organización de jornadas y seminarios vinculados al transporte por carretera.

Una línea de ayudas consolidada en el sector

La convocatoria de 2026 supone la decimonovena edición de estas ayudas, que se conceden con carácter anual.

Durante la convocatoria correspondiente a 2025 se financiaron 194 acciones formativas promovidas por 22 entidades. En total, se subvencionaron 1.111 cursos con una dotación global de 3.857.955 euros.

El transporte por carretera, prioridad para el Ministerio

El Ministerio ha reiterado su compromiso con el transporte por carretera, al que considera un servicio esencial para garantizar la movilidad de mercancías y viajeros y un pilar fundamental para la actividad económica.

En este contexto, el departamento recuerda la reciente aprobación del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, que amplió las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

Más ayudas para impulsar la transformación del sector

La convocatoria de formación se suma a otras iniciativas puestas en marcha por el Ministerio para apoyar al transporte por carretera.

Entre ellas figuran las ayudas de hasta 30.000 euros para facilitar el abandono de la profesión a transportistas de edad avanzada, convocadas el pasado 12 de marzo para el ejercicio 2026.

Asimismo, el Ministerio trabaja en la aprobación de una orden ministerial destinada a subvencionar a las sociedades de garantía recíproca que concedan avales a empresas del sector. El objetivo es facilitar el acceso a financiación para la adquisición de vehículos menos contaminantes y avanzar en la descarbonización de las flotas.

Por otra parte, a finales de 2025 se convocaron ayudas de 3.000 euros para la obtención de los permisos de conducción C y D, una medida orientada a paliar la escasez de conductores profesionales que afecta al sector.

Inversiones en renovación de flotas y digitalización

A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio ha destinado 450 millones de euros a la transformación de flotas. Inicialmente se habilitaron 400 millones de euros, cantidad que posteriormente se reforzó con otros 50 millones de fondos propios.

Gracias a este programa se han financiado más de 600 camiones y más de 1.300 autobuses de cero y bajas emisiones.

En el ámbito de la capacitación digital, el Ministerio ha gestionado ayudas por valor de 33 millones de euros que han permitido formar a cerca de 12.000 personas. A ello se suman otros 110 millones de euros destinados a impulsar la digitalización de autónomos y pequeñas y medianas empresas del transporte por carretera, mediante programas gestionados por las comunidades autónomas.

El departamento asegura que continúa trabajando para dar continuidad a estas líneas de apoyo con el objetivo de acelerar la modernización, la sostenibilidad y la competitividad del transporte por carretera en España.

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La patronal considera positivo el impulso a la renovación de flotas, aunque advierte de que la transición energética del transporte pesado no puede basarse únicamente en la electrificación

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha valorado favorablemente la nueva línea de ayudas anunciada por el Gobierno para impulsar la descarbonización del transporte por carretera, aunque ha advertido de que la transición energética del sector no puede centrarse exclusivamente en la electrificación.

La organización empresarial considera que cualquier medida destinada a acelerar la renovación de flotas y reducir las emisiones del transporte es positiva, especialmente en un momento en el que las empresas afrontan importantes desafíos económicos y tecnológicos para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales.

Sin embargo, la patronal insiste en que el proceso de descarbonización del transporte pesado requiere un enfoque tecnológico neutral que tenga en cuenta la realidad operativa de las distintas actividades de transporte.

La electrificación no es una solución única para todo el transporte pesado

Desde la CETM recuerdan que el transporte de mercancías por carretera presenta necesidades muy diferentes en función del tipo de operación, las distancias recorridas y las características de la carga transportada. Por ello, consideran que la electrificación puede ser una alternativa viable en determinados segmentos, especialmente en servicios urbanos o regionales, pero advierten de que actualmente sigue presentando limitaciones para una parte importante del transporte de larga distancia. Entre los principales condicionantes figuran la autonomía de los vehículos, los tiempos de recarga, la disponibilidad de infraestructuras específicas para vehículos pesados y el elevado coste de adquisición de los camiones eléctricos. La organización sostiene que estas circunstancias hacen necesario mantener abiertas otras vías tecnológicas que también contribuyan a la reducción de emisiones.

Combustibles renovables y otras tecnologías bajas en carbono

La patronal defiende que los combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados y otros combustibles de bajas emisiones, deben formar parte de la estrategia de descarbonización del transporte por carretera. Según la CETM, estas soluciones permiten reducir de forma inmediata la huella de carbono de gran parte de la flota actual sin necesidad de realizar inversiones tan elevadas como las requeridas para la sustitución completa de los vehículos. Además, recuerdan que la diversidad tecnológica resulta especialmente importante en un sector caracterizado por una gran heterogeneidad empresarial, donde predominan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

Las ayudas, una oportunidad para acelerar la renovación de flotas

La CETM considera que los nuevos programas de apoyo pueden contribuir a impulsar la modernización del parque de vehículos y facilitar la incorporación de tecnologías más eficientes y sostenibles. No obstante, la organización subraya que estas ayudas deberán diseñarse de forma que resulten accesibles para el conjunto del sector y tengan en cuenta las diferentes realidades operativas existentes en el transporte de mercancías. La patronal también insiste en la necesidad de acompañar los incentivos económicos con una planificación adecuada de las infraestructuras energéticas y de recarga, un aspecto que considera fundamental para garantizar el éxito de cualquier estrategia de transición energética.

Seguridad jurídica y planificación a largo plazo

Otro de los mensajes trasladados por la organización empresarial es la importancia de ofrecer estabilidad regulatoria a las empresas transportistas. La CETM considera que la renovación de flotas y la adopción de nuevas tecnologías exigen inversiones de gran volumen que requieren marcos normativos previsibles y una planificación a largo plazo. En este sentido, reclama que las futuras políticas europeas y nacionales permitan a las empresas elegir las soluciones tecnológicas más adecuadas para cada actividad, evitando enfoques que puedan limitar la competitividad del transporte por carretera.

Una transición energética adaptada a la realidad del sector

La patronal concluye que la reducción de emisiones es un objetivo compartido por el conjunto de la industria, pero insiste en que el camino hacia la neutralidad climática debe construirse teniendo en cuenta las particularidades operativas del transporte pesado. Para la CETM, la clave estará en combinar ayudas públicas, desarrollo de infraestructuras, innovación tecnológica y neutralidad regulatoria, de manera que la descarbonización avance sin comprometer la competitividad de las empresas ni la capacidad del transporte por carretera para seguir garantizando el suministro de mercancías. La organización defiende que solo mediante una estrategia basada en múltiples tecnologías será posible alcanzar los objetivos climáticos marcados por la Unión Europea manteniendo al mismo tiempo la eficiencia y sostenibilidad económica del sector.

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