Los negociadores del Parlamento Europeo y de los Veintisiete alcanzaron un acuerdo que supondrá un cambio histórico en la aplicación de sanciones viales en la Unión Europea. La medida permitirá que la retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir por infracciones graves sea efectiva en todos los Estados miembros, poniendo fin a un vacío legal que hasta ahora favorecía la impunidad de ciertos conductores.

Un marco común contra la impunidad

En la actualidad, un país solo puede aplicar la retirada del carné dentro de su propio territorio si el permiso ha sido expedido en otro Estado miembro. De este modo, los infractores podían seguir conduciendo en su país de residencia o en terceros Estados, aun cuando habían sido sancionados en otro punto de la UE.

Con la nueva normativa, esta situación cambia de raíz. El país que sancione deberá notificar la retirada a través de la red europea de permisos de conducir (RESPER). El Estado emisor del carné quedará obligado a aplicar una sanción equivalente, garantizando así que la prohibición de conducir sea efectiva en los 27.

Garantías y salvaguardas para el conductor

El acuerdo introduce mecanismos de protección jurídica. El Estado sancionador deberá esperar a que se agoten todas las vías de recurso antes de comunicar la sanción al país emisor del permiso.

Una vez recibida la notificación, el Estado responsable del carné tendrá un plazo máximo de 20 días para informar al conductor sobre la sanción equivalente. Sin embargo, el texto contempla excepciones: el país emisor podrá eximir al infractor del castigo si considera que no se han respetado sus derechos de recurso o defensa.

Qué infracciones estarán cubiertas

Las nuevas reglas de la Unión Europea definen un marco común de infracciones graves que activarán la retirada transfronteriza del permiso. Entre ellas se incluyen:

• Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
• Excesos de velocidad significativos.
• Conductas que provoquen la muerte o lesiones graves a terceros.

No obstante, las sanciones de corta duración —menos de tres meses— o aquellas cuyo periodo efectivo de aplicación sea inferior a un mes quedarán excluidas del alcance de la directiva. Con ello, se busca reducir la carga burocrática para las administraciones nacionales y focalizar los esfuerzos en los casos de mayor gravedad.

Una normativa con revisión prevista

El acuerdo alcanzado aún debe recibir el visto bueno formal tanto del Consejo como del Parlamento Europeo. En cualquier caso, las instituciones han previsto una cláusula de revisión a cinco años, que obligará a la Comisión Europea a evaluar el impacto de la normativa.

Este proceso servirá para determinar si es necesario ampliar el listado de infracciones cubiertas o endurecer los plazos para el intercambio de información entre los Estados. El objetivo es garantizar una aplicación homogénea y eficaz en toda la Unión, reforzando la seguridad vial y la confianza de los ciudadanos en un sistema común de justicia en carretera.

Con esta reforma, la Unión Europea avanza hacia un espacio más integrado en materia de movilidad y seguridad vial, cerrando la puerta a la impunidad de los conductores peligrosos y enviando un mensaje claro: las normas de tráfico se aplican de manera uniforme en toda Europa.