Tras una larga tramitación parlamentaria, la Ley de Movilidad Sostenible (LMS) ha sido aprobada, un hito que Transport & Environment (T&E) califica como una oportunidad real para recortar de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en España. Si su implementación es efectiva, la norma permitirá responder al reto climático marcado por la UE y mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía.

Objetivos climáticos vinculantes y PNIEC

Una de las principales novedades es la integración en el PNIEC de objetivos cuantificables y vinculantes para avanzar hacia la neutralidad climática del transporte en 2050. Estos hitos se apoyan en la reducción de emisiones y el aumento del uso de energías renovables en el sector, fijando un marco medible para la toma de decisiones y el seguimiento de resultados.

Etiquetado ambiental y medición real de emisiones

La LMS impulsa una revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT para que incorpore las emisiones de CO₂ de los vehículos. Además, introduce la medición empírica e individualizada de las emisiones reales del tráfico rodado, una herramienta clave para la gestión pública. Gracias a estos datos, las Administraciones podrán controlar de forma efectiva las emisiones, identificar a los vehículos más contaminantes y orientar la renovación del parque hacia opciones más sostenibles. En términos de política pública, la ley habilita decisiones basadas en evidencias y focalizadas en el problema real.

Movilidad al trabajo: obligación para grandes empresas

Otro eje de la norma es el desarrollo de planes de movilidad al trabajo. En España, cerca del 30% de los desplazamientos en día laborable son laborales y casi un 60% se realiza en vehículo privado motorizado. Las grandes empresas deberán disponer de planes de movilidad en un plazo máximo de 24 meses. La obligación se aplica a compañías con más de 200 empleados o 100 por turno, ampliando de forma notable el número de organizaciones afectadas. T&E valora positivamente la rebaja del umbral desde 500 a 200 trabajadores, aunque la considera insuficiente dada la existencia de más de 2,9 millones de pymes en el país.

Infraestructura de recarga y electrolineras

Las estaciones de servicio que vendan más de 10 millones de litros anuales deberán contar, desde 2025, con al menos un punto de recarga ultrarrápida. T&E aplaude además la agilización de trámites para instalar infraestructura, así como su señalización adecuada y la información transparente de precios. En coherencia, la ley incorpora guías de buenas prácticas y directrices metodológicas que impulsan electrolineras para largas distancias. Asimismo, se han aprobado enmiendas transaccionales para acelerar el despliegue y atender zonas rurales, aunque su contenido aún no es público.

Renovación del parque y estímulos a la compra

El parque automovilístico español presenta una antigüedad media de 14,5 años, un problema estructural de seguridad y emisiones. Como respuesta, el Gobierno deberá aprobar, en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, un plan de incentivos a la compra de vehículos de cero o bajas emisiones, ligado a la retirada voluntaria de los más antiguos. T&E considera esta obligación una buena noticia para acelerar la renovación del parque.