Preocupación creciente en el transporte de mercancías por carretera

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha expresado su profunda preocupación por el grave deterioro en el funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Transporte, una situación que, según denuncia, se ha vuelto insostenible para las empresas y autónomos del sector. Lo que debía ser una herramienta ágil y cercana al transportista se está convirtiendo, en demasiados casos, en un foco adicional de incertidumbre.

En los últimos meses, la CETM ha constatado demoras injustificadas en la resolución de expedientes, falta de coordinación entre órganos, escasez de medios y resoluciones que llegan tarde o con escasa claridad. Aunque la patronal reconoce la complejidad de la labor que desempeñan las Juntas Arbitrales, recalca que no es aceptable que un instrumento creado para aportar agilidad y seguridad jurídica termine generando retrasos y dudas que impactan de forma directa en la actividad económica del transporte de mercancías por carretera.

Un pilar clave para la seguridad jurídica del sector

Las Juntas Arbitrales de Transporte desempeñan un papel esencial en la resolución rápida de conflictos comerciales, al evitar procesos judiciales largos y costosos. Su actuación es determinante para garantizar la seguridad en un sector de márgenes reducidos, en el que cada día de retraso en un pago o en una decisión arbitral cuenta.

Estos órganos son igualmente relevantes en la protección frente a impagos, incumplimientos contractuales o discrepancias en los servicios prestados. Para la CETM, su correcto funcionamiento resulta fundamental para mantener la competitividad y la estabilidad del transporte de mercancías en España y asegurar que los operadores dispongan de una vía eficaz para defender sus derechos sin tener que recurrir siempre a la vía judicial.

Medidas urgentes reclamadas por la CETM

La Confederación considera imprescindible que el Ministerio de Transportes y las administraciones competentes adopten medidas urgentes de refuerzo para revertir la situación actual. Entre las principales actuaciones que reclama, destacan:

• Dotación de más recursos humanos y técnicos que permitan gestionar los expedientes con agilidad y solvencia.
• Homogeneización de criterios y procedimientos entre las diferentes Juntas Arbitrales, evitando disparidades que generen inseguridad jurídica.
• Digitalización real y efectiva, que facilite la tramitación telemática de los expedientes y reduzca al mínimo las demoras administrativas.
• Transparencia en los tiempos de resolución y en el seguimiento de los casos, de forma que las empresas puedan planificar mejor su actividad.

Un sistema que debe ser apoyo, no obstáculo

La CETM advierte de que el transporte de mercancías por carretera no puede permitirse un sistema arbitral que, en lugar de ser un apoyo, se convierta en un obstáculo. Recuerda que las empresas y los autónomos del sector cumplen, producen y mantienen el país en movimiento, y subraya que es imprescindible que las instituciones asuman su responsabilidad y garanticen el correcto funcionamiento de los mecanismos de resolución de conflictos.

En este sentido, la organización insiste en que la eficiencia de las Juntas Arbitrales es una pieza clave para sostener la confianza y la seguridad jurídica en la cadena de suministro. Si estos órganos no funcionan adecuadamente, se resienten no solo las relaciones comerciales entre cargadores y transportistas, sino también la percepción global de fiabilidad del sistema logístico.

Compromiso de la CETM con un arbitraje moderno y eficaz

La Confederación Española de Transporte de Mercancías reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del sector y anuncia que seguirá reclamando unas Juntas Arbitrales eficientes, modernas y preparadas para responder a las necesidades reales del transporte. La CETM alerta de que, sin una mejora urgente, se verá afectada la confianza de las empresas, la seguridad jurídica y, en última instancia, la competitividad de toda la cadena logística.

Por ello, la Confederación hace un llamamiento a la colaboración entre administraciones y sector privado para impulsar reformas que garanticen un marco arbitral ágil, transparente y accesible para todos los operadores, reforzando así el papel de las Juntas Arbitrales como herramienta clave para la resolución de conflictos en el transporte de mercancías por carretera.