El Gobierno ultima un nuevo marco de jubilaciones anticipadas para determinados sectores profesionales catalogados como especialmente exigentes o de riesgo, entre ellos el del transporte por carretera, que incluye a conductores de mercancías, transportistas de mercancías peligrosas, taxistas y chóferes de autobús. Aunque la medida nace con la intención de aliviar la carga laboral de quienes desempeñan funciones particularmente duras, las asociaciones empresariales del transporte advierten de efectos colaterales preocupantes.

Actualmente, la propuesta aún se encuentra en fase de negociación. Aunque ya existe un Decreto Ley inicial, se están definiendo los elementos clave junto a los sindicatos mayoritarios y las patronales del sector, como Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) o CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías). Entre los puntos por concretar destacan los sectores profesionales que se beneficiarán finalmente de la medida, así como los coeficientes reductores que determinarán la edad de jubilación anticipada, que podría situarse en los 62 años de media, frente a los casi 67 años del régimen general.

Desde el sector del transporte, sin embargo, la acogida a la propuesta es cautelosa. Las patronales consideran que no se están valorando con suficiente profundidad las consecuencias estructurales de su implementación. “Debemos analizar este asunto con prudencia y sentido común, porque en cinco años podemos encontrarnos sin conductores”, advierten desde CETM.

Actualmente, en España hay medio millón de transportistas en activo, con una edad media cercana a los 50 años. Esto implica que una parte significativa de la plantilla podría acogerse a la jubilación anticipada en breve plazo, agravando un problema ya existente: la escasez de profesionales en el sector, con un déficit estimado de 30.000 conductores en la actualidad.

Además, el contexto laboral añade más presión. La anunciada reducción de la jornada laboral —otra medida en estudio— podría traducirse en una disponibilidad aún menor de conductores, incrementando la tensión sobre la cadena logística y la viabilidad operativa del transporte por carretera.

Por otro lado, Fenadismer alerta de una implicación económica directa que puede pasar desapercibida para la opinión pública: la modificación de los coeficientes reductores conllevará previsiblemente una subida de los coeficientes de cotización a la Seguridad Social. Esto supondrá mayores cargas mensuales tanto para los trabajadores como para las empresas contratantes que estén dentro de las profesiones incluidas en el nuevo régimen de prejubilación.

En definitiva, lo que a primera vista puede parecer una mejora en las condiciones laborales de miles de transportistas plantea desafíos estructurales de gran calado para el sector. La necesidad de rejuvenecer la plantilla, atraer nuevos profesionales y garantizar la sostenibilidad del transporte se convierte ahora en una prioridad urgente. La pelota está en el tejado del Ejecutivo, que debe articular una solución equilibrada que proteja los derechos de los trabajadores sin poner en jaque la operatividad del sistema logístico nacional.