Italia ha dado un paso decisivo en la gestión del control de velocidad en carretera con la aprobación de la Ley n.º 105 de 2025, que convierte en norma el denominado “decreto de infraestructuras”. La reforma introduce una novedad de gran calado: todos los radares de velocidad del país deberán ser inscritos en un censo oficial, gestionado por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes (MIT).

La obligación afecta a municipios, provincias y regiones, que tendrán que remitir al MIT información detallada de cada dispositivo: localización exacta, modelo y marca, así como la correspondiente certificación de homologación o aprobación. La medida no es meramente burocrática: cualquier radar no comunicado será declarado no idóneo para constatar infracciones, lo que supondrá la nulidad automática de las sanciones derivadas de su uso.

Una plataforma digital para el registro

La recopilación de datos se realizará a través de una plataforma telemática del MIT, cuya activación se dispondrá mediante decreto directoral de la Dirección General de Tráfico italiana. Una vez publicado, las administraciones dispondrán de un plazo de 60 días para introducir la información solicitada.

En caso de incumplimiento, la norma es clara: los radares no censados deberán ser desactivados, lo que asociaciones de consumidores ya han calificado de “medida paradójica”. Según estos colectivos, podría darse la paradoja de que se desactive un dispositivo instalado en un tramo especialmente peligroso, con el consiguiente impacto en la seguridad vial.

Jurisprudencia y confianza ciudadana

La decisión del legislador se enmarca en un contexto de abundante jurisprudencia del Tribunal de Casación, que en los últimos años ha anulado numerosas sanciones por irregularidades en la homologación de los dispositivos. Con este nuevo sistema, el Gobierno pretende restablecer la transparencia y reforzar la eficacia preventiva de los controles electrónicos.

Uno de los puntos más novedosos es que el censo no solo tendrá un carácter administrativo. Los ciudadanos podrán consultar en una plataforma pública la ubicación y el estado de homologación de cada radar, lo que facilitará verificar su legalidad y evitará suspicacias sobre un uso meramente recaudatorio.

Expertos en seguridad vial recuerdan que la función esencial de estos dispositivos es reducir la siniestralidad en tramos peligrosos, no generar ingresos a las arcas municipales. Publicar la localización exacta, sostienen, actúa como medida preventiva y disuasoria; ocultarla, en cambio, transmite una percepción de arbitrariedad y afán recaudatorio.

Voces del sector jurídico

Desde Pyramid Consulting, el abogado Andrea Gullo, del Departamento Jurídico, advierte: “La plena eficacia de la reforma dependerá de disposiciones reglamentarias claras y de criterios técnicos homogéneos en materia de homologación”. A su juicio, la ausencia de estas garantías podría derivar en un doble problema: la ilegitimidad de las sanciones y la pérdida de la verdadera función preventiva de los radares.

Un espejo para España

La medida italiana guarda paralelismo con el modelo español. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya publica en su web oficial la ubicación de los equipos y tramos controlados por radares, una práctica que se presenta como un ejemplo de transparencia y que persigue reforzar la prevención más que la sanción.

Con este censo obligatorio, Italia se coloca en la senda de un mayor control institucional y ciudadano sobre los sistemas de vigilancia vial, una reforma que, aunque no exenta de polémica, podría marcar un punto de inflexión en la relación entre conductores, autoridades y seguridad en carretera.