La diputada de Esquerra Republicana, Granollers Cunillera, ha reclamado en el Congreso de los Diputados una actuación “valiente y urgente” del Ministerio de Transportes ante la “situación crítica” que vive el transporte de mercancías por carretera, un sector que, recordó, fue esencial durante la pandemia y al que ahora “se le está dando la espalda”.

Según defendió, el transporte por carretera es “un pilar fundamental de la economía y de la cadena de suministro”, pero arrastra problemas estructurales que afectan especialmente a autónomos y pequeñas empresas, que suponen alrededor del 70 % del sector.

Viabilidad económica y fin de los contratos a pérdidas

Granollers Cunillera reclamó también reforzar la viabilidad económica del transporte por carretera. Recordó el Real Decreto-ley 14/2022, que incluía la conocida “ley de la cadena del transporte” y prohibía contratar servicios por debajo de costes.

Sin embargo, consideró que la norma se quedó corta y defendió que la prohibición de contratar a pérdidas debe aplicarse a todos los servicios, incluidos los contratos continuados, y que se deben regular las horas de paralización por esperas en carga y descarga, así como las tareas de manipulación de mercancías.

Además, reclamó luchar contra la morosidad en el sector, fijando un plazo máximo de pago de 30 días desde la factura, sin posibilidad de pactos en contra.

Seguridad vial, jubilación anticipada y rechazo a los camiones de 44 toneladas

Renovación de flotas y condiciones de los conductores

La diputada alertó sobre el envejecimiento de la flota, con una media de más de ocho años en cabezas tractoras y casi quince en camiones rígidos, por encima de la media europea. Reconoció las ayudas puestas en marcha, pero advirtió de que se han destinado sobre todo al achatarramiento de vehículos viejos y que la compra de camiones eléctricos o de hidrógeno apenas ha tenido acogida por las limitaciones tecnológicas y operativas actuales.

Granollers Cunillera insistió en la necesidad de permitir la jubilación anticipada de los conductores profesionales, apoyándose en la elevada edad media del colectivo y en la mayor incidencia de accidentes laborales entre los mayores de 55 años. Reclamó al Gobierno que aplique los coeficientes reductores previstos en el Real Decreto 1698/2011 para profesiones especialmente penosas o peligrosas.

Al mismo tiempo, rechazó de forma tajante aumentar la masa máxima de los vehículos a 44 toneladas y la altura a 4,5 metros en las condiciones actuales, recordando una prueba piloto en Cataluña que concluyó que la medida no era satisfactoria ni para la economía ni para la seguridad vial.

Condiciones laborales y relevo generacional

La diputada también reclamó más seguridad en áreas de servicio y polígonos, una mayor inspección sobre las grandes logísticas que tributan fuera de España y medidas frente a la fragmentación de más de cincuenta convenios colectivos, que generan “discriminación laboral y competencia desleal”.

En cuanto al futuro del sector, alertó de la falta de relevo generacional, con entre 15.000 y 20.000 vacantes sin cubrir y miles de personas esperando para examinarse del carné de camión. Propuso planes de formación profesional subvencionados para jóvenes y personas desempleadas, y una reducción de la burocracia para hacer más atractivo el oficio.

Granollers Cunillera concluyó reclamando al ministro que el Estado esté “a la altura del valor demostrado por el sector”, recordando que “detrás de cada camión hay trabajadores y familias que dependen de un transporte más fuerte y más digno”.