El Gobierno ha solicitado formalmente al Congreso de los Diputados la celebración de cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias durante el mes de julio con el objetivo de aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, una norma clave para la política de transporte que, además, condiciona la llegada de 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos.

La tramitación de esta ley se encuentra encallada desde hace una semana, cuando la Comisión de Transportes suspendió su sesión prevista por el clima de tensión política derivado del caso ‘Koldo’ y por las reticencias expresadas por Podemos, que critica duramente el contenido actual del texto.

La norma superó el trámite de ponencia, una de las primeras fases del proceso legislativo en la que los grupos parlamentarios se reúnen a puerta cerrada para debatir e introducir enmiendas. En esta ocasión, la complejidad del articulado y el elevado número de propuestas obligó a celebrar hasta tres reuniones, en las que se aprobaron más de 130 enmiendas.

Una de las modificaciones más destacadas introducidas en esta fase fue una propuesta de Sumar que establece que el nuevo mapa concesional de paradas de autobuses debe ser acordado con las comunidades autónomas, y que el Estado compense económicamente a aquellas regiones donde se supriman paradas.

La comisión que debía aprobar la ley el pasado 18 de junio fue desconvocada a última hora. Fuentes parlamentarias señalan que la decisión estuvo motivada por el aumento de la tensión política tras la implicación de los exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en presuntos casos de corrupción. La implicación de Ábalos, que fue ministro de Transportes, añade más presión al entorno parlamentario de esta norma.

Además, Podemos ha mostrado una postura crítica respecto al texto aprobado en ponencia, al considerar que no satisface las demandas de los colectivos ecologistas y no garantiza la gratuidad del transporte público, una de sus líneas rojas. Desde la formación morada han afirmado que “no se dan las condiciones” para apoyar la norma.

Ante este escenario, el Ejecutivo ha remitido una solicitud al Congreso —a la que ha tenido acceso Europa Press— para habilitar sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios en julio, a fin de desbloquear la tramitación. La previsión es que la comisión se convoque para el 8 o el 10 de julio, y que el texto llegue al Pleno el 22 de julio.

Fuentes parlamentarias aseguran que la votación en comisión no supondrá grandes obstáculos, ya que el voto del Grupo Mixto recae en el BNG, formación que no ha manifestado oposición. En cambio, el Pleno será decisivo, ya que en él participará Podemos, cuya posición será clave para que la norma vea finalmente la luz.

La Ley de Movilidad Sostenible ya fue presentada durante la legislatura pasada, pero su tramitación se interrumpió con el adelanto electoral y la disolución de las Cortes. En la actual legislatura, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reactivó el mismo texto con el compromiso de aprobarlo antes de finalizar 2024. Sin embargo, las dificultades parlamentarias siguen ralentizando el proceso.

Entre los contenidos del proyecto legislativo destaca el compromiso de realizar un estudio para revisar el sistema de etiquetas medioambientales de la DGT, incorporando criterios relacionados con las emisiones de dióxido de carbono (CO₂). También se incluye una disposición —a propuesta de Junts— que concede beneficios fiscales al Mobile World Congress (MWC) para asegurar su permanencia en Barcelona.

A pesar de los avances en ponencia, el Gobierno se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para garantizar el respaldo suficiente y evitar que una ley estratégica para el futuro del transporte sostenible en España vuelva a quedar bloqueada.