Desde la entrada en vigor en 2023 del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social para trabajadores autónomos, basado en los ingresos reales, han surgido importantes controversias que afectan directamente al sector del transporte por carretera. Esta reforma, que sustituyó al anterior modelo en el que los autónomos podían elegir libremente su base de cotización, introdujo un cambio estructural profundo que hoy es objeto de revisión.

El nuevo sistema contempla un régimen transitorio de adaptación de nueve años, dividido en quince tramos de cotización progresiva según los rendimientos netos. Esta transición culminará, como tarde, en 2032. En este período, se ha establecido la obligación de evaluar el sistema cada tres años, correspondiendo la primera revisión al presente año 2025.

En este contexto, las federaciones nacionales de transportistas FENADISMER y FETRANSA han intensificado sus contactos con el Gobierno y con distintos grupos parlamentarios para corregir una de las consecuencias más lesivas del actual régimen transitorio, que afecta a miles de transportistas autónomos.

El conflicto surge en torno a una disposición recogida en la normativa de 2023 que permitía a los autónomos mantener su base de cotización anterior, si esta resultaba más favorable que la asignada según los nuevos tramos de ingresos reales. Muchos trabajadores, especialmente transportistas de larga trayectoria, optaron por continuar cotizando por una base más alta, pensando que ello les aseguraría mejores prestaciones futuras.

No obstante, la norma escondía una limitación no advertida inicialmente: estas bases de cotización no se actualizan anualmente con la inflación, lo que implica su congelación de facto durante todo el periodo transitorio. Esta situación puede derivar, según estimaciones de FENADISMER y FETRANSA, en una pérdida de prestaciones de más del 30% a lo largo de los nueve años, afectando de manera directa a más de 50.000 autónomos del transporte por carretera, sin contar los miles de profesionales de otros sectores igualmente perjudicados.

“Nos encontramos ante una injusticia manifiesta que perjudica, precisamente, a quienes más esfuerzo hicieron por sostener el sistema público de pensiones cotizando por encima del mínimo”, denuncian desde ambas federaciones. “La falta de actualización de estas bases les condena a una jubilación precaria, a pensiones por invalidez o viudedad significativamente reducidas, y todo ello sin haber sido informados adecuadamente”.

Además, FENADISMER y FETRANSA advierten de que los principales damnificados por esta situación son transportistas de mayor edad, quienes planificaron su vida laboral hace más de una década y que ahora ven seriamente amenazada su seguridad económica futura.

Ante esta problemática, ambas organizaciones han solicitado al Ejecutivo que, en la inminente revisión del sistema prevista antes de finalizar 2025, se garantice la actualización anual de las bases de cotización conforme al IPC. También han exigido que se mantenga el derecho a conservar esta base más elevada durante todo el período transitorio, tal como se estableció en el inicio de la reforma.

La demanda del sector es clara: proteger los derechos adquiridos por los autónomos que confiaron en el sistema y evitar que un vacío legal acabe penalizando su esfuerzo de cotización.