Cada año, la Dirección General de Tráfico (DGT) aprueba un calendario de restricciones a la circulación de camiones en fechas de gran afluencia de vehículos, como Semana Santa, los puentes festivos o las vacaciones estivales. El objetivo es garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad vial. Estas limitaciones incluyen excepciones para determinados vehículos, como los destinados al transporte de alimentos perecederos, de ganado vivo o los vehículos de auxilio en carretera, que pueden circular libremente en los periodos afectados.

Sin embargo, en los últimos años, la DGT ha intensificado el control del cumplimiento de estas restricciones mediante cámaras de vigilancia situadas en la red viaria. Según denuncia FENADISMER, este sistema está generando sanciones indiscriminadas que afectan también a los vehículos exceptuados.

Multas automáticas sin comprobación

En la práctica, los transportistas exceptuados de las restricciones son quienes circulan mayoritariamente durante los días señalados, pero una parte significativa de ellos recibe multas de forma sistemática. Las denuncias se basan en fotografías automáticas captadas por las cámaras, sin que exista comprobación posterior.

Esto obliga a los profesionales sancionados a presentar recursos para demostrar que sus vehículos estaban legalmente autorizados a circular, exponiéndose al riesgo de pagar sanciones injustas en caso de extravío de notificaciones, vencimiento de plazos o cualquier error administrativo. El problema se agrava en los casos en que un mismo transportista recibe varias multas en un mismo día por circular por diferentes carreteras bajo restricción.

Vulneración del principio de presunción de inocencia

A juicio de FENADISMER, federación que representa a pequeñas y medianas empresas del sector, esta actuación constituye una vulneración del principio de presunción de inocencia que debe regir todo procedimiento sancionador. Según la organización, el sistema aplicado por la DGT convierte la garantía legal en un principio de presunta culpabilidad, obligando a los conductores a demostrar su inocencia frente a una sanción automática.

La federación subraya que, a diferencia de infracciones como el exceso de velocidad, el salto de un semáforo en rojo o el uso indebido del cinturón de seguridad, en las que las cámaras pueden probar objetivamente el incumplimiento, una simple fotografía no permite acreditar si un camión que circula en día de restricción está exceptuado o no de la norma.

Denuncia ante el Defensor del Pueblo

Ante esta situación, FENADISMER ha presentado una denuncia formal y solicitud de amparo al Defensor del Pueblo, alegando la “absoluta indefensión” que sufren los transportistas afectados. La organización pide que el organismo inste a la DGT a cesar en la aplicación indiscriminada de sanciones automatizadas y a garantizar el cumplimiento de las mínimas garantías legales establecidas en la normativa vigente.

El conflicto pone de relieve la tensión existente entre el objetivo de mejorar la seguridad vial y la necesidad de respetar los derechos de un sector esencial para la economía, como es el transporte de mercancías por carretera. El desenlace de esta denuncia marcará un precedente en la relación entre control automatizado y garantías jurídicas en la gestión del tráfico.