El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado un crecimiento sostenido en España en las últimas dos décadas, consolidándose como una herramienta clave en la política laboral del Ministerio de Trabajo. Desde el año 2000 hasta 2023, el SMI ha ganado 16,3 puntos porcentuales en relación con el salario medio, un avance que sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor incremento relativo del salario mínimo, solo por detrás de Bulgaria (17,6 puntos).

Este impulso ha sido uno de los principales objetivos del equipo liderado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, quien ha defendido sistemáticamente la necesidad de que el SMI alcance el 60% del salario medio neto. “Esa ha sido siempre nuestra meta: dignificar los salarios más bajos para avanzar hacia una mayor justicia social”, declaró Díaz en una comparecencia previa. Este enfoque ha hecho que el salario mínimo español haya pasado de representar el 37,8% del salario medio en el año 2000 al 54% en 2023, según los datos de Eurostat citados en el informe Minimum wages in 2025: Annual review de Eurofound.

En términos absolutos, el SMI arrancó el siglo XXI en 72.120 pesetas (433,45 euros), mientras que en 2023 se situó en 1.080 euros mensuales en 14 pagas, lo que le permitió superar simbólicamente la barrera de la mitad del salario medio. Este avance, sin embargo, no convierte a España en el país donde el SMI representa la mayor proporción del salario medio, aunque sí destaca por el dinamismo de su crecimiento.

En 2023, el Gobierno español dio por alcanzado el objetivo del 60% del salario medio, aunque esta afirmación ha sido cuestionada por los sindicatos, especialmente por UGT, que considera que el cálculo debería hacerse en base al salario medio bruto y no al neto, como defiende el Ejecutivo. “No se puede dar por cumplido un objetivo cuando el propio método de cálculo está en disputa”, han manifestado fuentes del sindicato en reiteradas ocasiones.

El criterio oficial adoptado por el Gobierno se basa en el salario medio neto, tal como recomienda la Comisión de Expertos creada por el Ministerio de Trabajo. Este grupo, compuesto por académicos, representantes de los ministerios económicos y de los agentes sociales, argumenta que usar el salario bruto distorsionaría el análisis, ya que el salario mínimo está exento de IRPF y solo se le aplican cuotas sociales, mientras que el salario medio bruto está sujeto a una carga fiscal significativamente mayor.

Yolanda Díaz anunció recientemente que, tras el verano, volverá a convocar al grupo de expertos del SMI, con el fin de elaborar un nuevo informe que incluya recomendaciones para la actualización del salario mínimo en 2026. La intención es que el SMI se mantenga en el 60% del salario medio neto y conserve su poder adquisitivo. Sin embargo, esta hoja de ruta podría modificarse si se alcanza antes un acuerdo con los agentes sociales que permita fijar una actualización automática del SMI, medida que el Gobierno considera estratégica para dar estabilidad y previsibilidad al mercado laboral.

El debate sigue abierto, pero los datos son claros: España ha protagonizado uno de los avances más relevantes en el salario mínimo dentro del ámbito europeo, consolidando un modelo que sitúa la mejora de las condiciones laborales en el centro de su política económica.