Un nuevo choque entre el Senado, el Gobierno y el Congreso

El Pleno del Senado aprobó este miércoles un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno y el Congreso, impulsado por el Partido Popular (PP), tras el “veto” del Ejecutivo de Pedro Sánchez a varias enmiendas introducidas en la Ley de Movilidad Sostenible. Con esta decisión, la Cámara Alta activa el procedimiento que podría llevar el caso ante el Tribunal Constitucional (TC).

El planteamiento del PP ha salido adelante gracias a su mayoría absoluta en el Senado, y ha contado con la abstención de varios socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, EH Bildu, Junts y PNV.

Se trata ya del duodécimo conflicto institucional en esta legislatura entre el Senado y otras instituciones del Estado, tras los choques previos en torno a la Ley de Amnistía, los Presupuestos Generales del Estado o diferentes enmiendas a otras normas.

El origen: las enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible

Enmiendas 118 y 148: financiación y compensaciones

El conflicto nace durante la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado. El PP logró introducir varias enmiendas que fueron refrendadas posteriormente por el Congreso de los Diputados, pero el Gobierno vetó algunas de ellas alegando impacto en el equilibrio presupuestario.

En concreto, el planteamiento de conflicto se refiere a las enmiendas 118 y 148, que incorporan un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley.

El nuevo artículo 61 bis, vetado por el Ejecutivo, establece que el Ministerio de Transportes habilitará anualmente una partida en los Presupuestos Generales del Estado para el fomento de la movilidad sostenible, exceptuando la movilidad en el ámbito urbano e interurbano.

Esa partida estaría destinada a impulsar proyectos de inversión vinculados al desarrollo de una red de infraestructura de recarga de acceso público, priorizando la red interurbana en zonas menos estratégicas, así como a favorecer la renovación de flotas de transporte de mercancías y viajeros con el objetivo de su descarbonización. La financiación se articularía mediante exenciones fiscales, subvenciones en concurrencia competitiva y subvenciones directas.

Por su parte, la disposición transitoria undécima prevé que, si la aplicación de la ley afecta a contratos del sector público en vigor imponiendo nuevas obligaciones a los contratistas, los órganos de contratación deberán contemplar las correspondientes compensaciones por los sobrecostes generados.

Procedimiento y posible llegada al Tribunal Constitucional

De acuerdo con el procedimiento previsto, el PP ha utilizado su mayoría absoluta para que el Senado apruebe formalmente el conflicto de atribuciones y lo remita al Congreso y al Gobierno.

Ambas instituciones disponen de un mes para responder desde la recepción del planteamiento. Pueden contestar o no hacerlo y dar el asunto por sustanciado. En caso de respuesta negativa o ausencia de respuesta, el Senado deberá decidir si eleva el conflicto al Tribunal Constitucional o si opta por no continuar adelante.

El PP habla de “cacicada” y el PSOE defiende el veto

El senador del PP Israel Roberto Pérez fue el encargado de defender el conflicto ante el Pleno, acusando al Gobierno de perpetrar una “obscena cacicada” con la colaboración necesaria de su mayoría en la Mesa del Congreso.

Según sus palabras, «hoy debatimos el futuro de nuestra democracia parlamentaria. Defender este conflicto es defender que el poder político siga sometido a la ley, que el Parlamento siga siendo el centro de la soberanía y que el Senado siga siendo una Cámara viva, útil y respetada».

En el lado contrario, el senador socialista José Manuel Franco defendió la actuación del Ejecutivo, argumentando que el Gobierno ha ejercido sus atribuciones constitucionales al vetar las enmiendas, amparándose en su capacidad para proteger el equilibrio presupuestario y la coherencia de las cuentas públicas.