El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno la elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de un Plan Nacional de Conservación Viaria. La iniciativa pide además una evaluación de seguridad de toda la Red de Carreteras del Estado, al amparo de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

“Las carreteras españolas se encuentran actualmente en peor estado que en los años 80”, ha subrayado Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP.

Más de la mitad de la red requiere intervención

La PNL llega tras el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), que dibuja un escenario crítico: el 52% de los 101.700 kilómetros de la red presenta deterioros de gravedad y 33.966 kilómetros (el 32%) necesitan reconstrucción urgente por daños estructurales (baches, “piel de cocodrilo”) y superficiales (grietas y descarnaduras). Otros 20.407 kilómetros deben ser atendidos en menos de cuatro años. La AEC cifra la inversión necesaria para recuperar la red en 13.491 millones de euros —4.720 millones en la Red del Estado y 8.770 millones en redes autonómicas y forales—, con un ritmo de deterioro del 8% anual en el último trienio.

Impacto directo en el transporte de mercancías

El mal estado del firme eleva los costes operativos (más consumo de combustible y desgaste de flotas), reduce la seguridad vial y merma la competitividad de los corredores logísticos. “Invertir en carreteras es invertir en competitividad, cohesión territorial y seguridad”, recuerda el propio informe de la AEC. Para el transporte por carretera, que vertebra el 95% de los flujos internos, cada kilómetro degradado es un cuello de botella que retrasa entregas y encarece rutas.

Prioridades territoriales y tramos críticos

El diagnóstico territorial de la AEC sitúa Aragón a la cabeza del deterioro (con niveles “críticos”), seguida de Castilla-La Mancha y Galicia. En el extremo opuesto, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña presentan mejores indicadores relativos, si bien ninguna comunidad queda al margen de la necesidad de intervención. La identificación de tramos críticos y prioridades de actuación es, por ello, uno de los ejes que el PP reclama incorporar al Plan Nacional y a su gobernanza compartida con las administraciones autonómicas y forales.

¿Qué pide exactamente el PP?

La PNL del PP plantea:

• Evaluación integral de seguridad de la red estatal, con metodología homogénea y plazos vinculantes.
• Plan de choque de conservación que movilice recursos y priorice reconstrucciones urgentes.
• Coordinación interadministrativa para establecer criterios comunes, cartera de proyectos y calendario de obras.
• Seguimiento público con indicadores de estado del firme, siniestralidad asociada y ejecución presupuestaria.