Digitalización obligatoria de la facturación… pero un año más tarde

El Gobierno ha aprobado un real decreto que amplía en un año el plazo de entrada en vigor de VeriFactu, el sistema que obligará a empresas y autónomos a utilizar programas de facturación con requisitos antifraude y trazabilidad total. El objetivo sigue siendo el mismo: digitalizar los procesos de facturación y reforzar la transparencia fiscal, pero la presión de pymes y trabajadores por cuenta propia ha llevado a Hacienda a dar más tiempo para adaptarse.

¿Qué es exactamente el sistema VeriFactu?

VeriFactu nace de la Ley Antifraude y queda regulado en el Real Decreto 1007/2023, que fija los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación.

Este sistema exige el uso de un software de facturación capaz de generar las facturas en el mismo momento de su emisión, con un formato estandarizado y a prueba de manipulaciones. Cada registro debe quedar asociado a la factura original y, si hay cambios, se realiza mediante factura rectificativa, nunca borrando la anterior. El objetivo es claro: impedir la alteración posterior de las facturas y garantizar que la Agencia Tributaria pueda acceder a esa información de forma inmediata o casi en tiempo real.

Nuevo calendario: la obligación se va a 2027

Con la modificación aprobada, VeriFactu será obligatorio para las empresas a partir del 1 de enero de 2027 y, para la mayoría de los autónomos, a partir del 1 de julio de 2027.

Inicialmente, el calendario fijaba la entrada en vigor el 1 de enero de 2026 para las entidades que tributan por Impuesto de Sociedades y el 1 de julio de 2026 para el resto de empresas y autónomos que utilizan sistemas informáticos de facturación.

Hacienda explica que el retraso busca dar más margen para la adaptación técnica, evitar colapsos en la implantación y permitir que el tejido empresarial —especialmente pymes y autónomos— pueda asumir el cambio sin trastornos mayores.

¿A quién afecta… y quién queda fuera?

La medida afecta a todos los empresarios y profesionales sujetos al IRPF por actividades económicas, al Impuesto de Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes mediante establecimiento permanente en España, siempre que estén domiciliados en territorio de régimen común.

Quedan fuera:

• Empresas y autónomos de País Vasco y Navarra, que cuentan con sus propios sistemas.
• Entidades ya adscritas al Suministro Inmediato de Información (SII).
• Pymes que emiten facturas de forma manual o con herramientas básicas (Word, Excel “en plano”), sin automatismos.

Sin embargo, en cuanto se utilizan funciones automáticas en Word o Excel (numeración, fórmulas, macros, generación de libros, exportación de datos, etc.), esos programas pasan a considerarse Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) y, a partir de la fecha obligatoria, deberán cumplir todos los requisitos de VeriFactu.

Software disponible: herramienta gratuita de Hacienda y soluciones privadas

La Agencia Tributaria ofrecerá una aplicación gratuita de facturación adaptada a VeriFactu, pensada para autónomos y pequeñas empresas, que permitirá emitir facturas verificables y conectadas con Hacienda sin necesidad de contratar soluciones de pago.

En paralelo, el mercado ya cuenta con múltiples programas privados de facturación adaptados a VeriFactu, integrados en sistemas de gestión más amplios, con funciones como control de inventario, analítica fiscal o integración contable, orientados a pymes y grandes empresas.

División entre autónomos: alivio, críticas y dudas

Las principales asociaciones de pymes y autónomos han celebrado el retraso al considerarlo “un respiro” y un alivio ante la carga creciente de obligaciones administrativas.

Sin embargo, desde la Unión de Profesiones y Trabajadores Autónomos (UPTA) se critica que VeriFactu tiene un alcance limitado frente al fraude en aquellos casos en los que directamente no se emite factura: si el profesional decide no facturar, el sistema no actúa.

En cualquier caso, el nuevo calendario deja claro el mensaje: VeriFactu no se detiene, solo se retrasa. Las empresas y autónomos ganan tiempo, pero tarde o temprano deberán adaptarse a un escenario en el que la facturación digital controlada por Hacienda será la norma, no la excepción.