El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este jueves la intención del Gobierno de aprobar en el próximo semestre la equiparación fiscal entre el diésel y la gasolina, una medida exigida por la Comisión Europea para continuar liberando fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Durante su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada en el Senado, Cuerpo ha recordado que España ya ha recibido acceso a más de 24.000 millones de euros del total correspondiente al quinto tramo de fondos europeos. Sin embargo, cerca de 1.100 millones continúan bloqueados por no haber cumplido algunos de los hitos comprometidos con Bruselas. Entre ellos, figura la reforma fiscal que busca igualar la carga impositiva del gasóleo con la de la gasolina, con el objetivo de desincentivar su consumo por motivos medioambientales.

En este contexto, el ministro ha subrayado que la aprobación de la medida permitiría el desbloqueo inmediato de hasta 460 millones de euros adicionales procedentes de estos fondos europeos. “Vamos a seguir trabajando para implementar esta reforma y acceder a los recursos pendientes en los próximos seis meses, tal como establece el calendario acordado con la Comisión Europea”, ha declarado.

El intento anterior de llevar a cabo esta modificación fiscal fue frustrado en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024, cuando una inusual alianza entre Podemos, el Partido Popular y VOX tumbó la iniciativa. A pesar del revés legislativo, el Gobierno mantiene su compromiso con la reforma, considerada esencial no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también como condición para cumplir con los hitos vinculados al desembolso del plan europeo de recuperación.

La equiparación fiscal del diésel y la gasolina ha sido una demanda constante de Bruselas en el marco de la transición energética. El gasóleo, históricamente subvencionado en muchos países europeos por su uso en sectores estratégicos como el transporte o la agricultura, ha pasado a estar en el foco de las políticas de descarbonización debido a su mayor impacto en emisiones contaminantes.

De llevarse a cabo, la reforma supondría un incremento en la presión fiscal sobre el gasóleo, lo que tendría consecuencias directas para sectores intensivos en este tipo de carburante, especialmente el transporte de mercancías por carretera, que ya afronta tensiones económicas vinculadas al aumento de costes operativos.

El sector, tradicionalmente dependiente del gasóleo, ha mostrado reticencias ante la medida, advirtiendo del impacto que puede tener sobre su competitividad. No obstante, desde el Gobierno se insiste en que la reforma es necesaria para cumplir con los compromisos medioambientales adquiridos y no poner en riesgo la recepción total de los fondos europeos.