La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a la liberalización de la Autopista del Atlántico (AP-9). En la Comisión de Transportes del Congreso, Báguena afirmó que “no es viable” el rescate de la concesión debido al “altísimo volumen de gastos” que ello acarrearía y a sus “efectos claros lesivos para el Estado”.

El contexto: concesión, prórrogas y tarifas

La pregunta fue formulada por un diputado del Partido Popular sobre las previsiones del Ministerio para iniciar la tramitación de la supresión del peaje en la AP-9, reivindicación histórica en Galicia. Báguena recordó que el ministro Óscar Puente ha tratado el asunto en varias ocasiones y subrayó que la situación actual deriva de decisiones adoptadas hace más de dos décadas.
Según explicó, las prórrogas aprobadas en 2000 y 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, extendieron la concesión hasta 75 años, un marco “muy complejo de revertir” por razones jurídicas y económicas.

“No es viable el rescate”

La responsable de Transporte Terrestre incidió en que la AP-9 está sujeta a un contrato concesional en vigor, con tarifas que deben cumplirse, descartando cualquier rescate a corto o medio plazo. “No es viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría, inasumible por la Administración y con efectos claros lesivos para el Estado”, reiteró.

Impacto en Galicia

La decisión mantiene la postura del Ejecutivo frente a una de las principales demandas políticas y sociales de Galicia. La AP-9 vertebra el eje atlántico entre Ferrol y Tui, soportando decenas de miles de vehículos a diario. A pesar de bonificaciones aplicadas en los últimos años, que alivian parcialmente el coste en algunos trayectos, la supresión total de peajes sigue siendo una prioridad del Gobierno y del Parlamento de Galicia, que reclaman una solución definitiva.

Bonificaciones sí; liberalización, no

El Ministerio de Transportes sostiene que cualquier movimiento hacia la liberalización total tendría un impacto presupuestario “inasumible”, dadas las obligaciones contractuales con la concesionaria y las posibles indemnizaciones de un rescate. En este escenario, el Gobierno apunta a medidas graduales —como bonificaciones selectivas y ajustes tarifarios— como vía pragmática para aliviar el coste para los usuarios sin romper el equilibrio concesional.