En la última reunión del Consejo de Ministros antes del parón estival, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado el respaldo del presidente Pedro Sánchez para sacar adelante un conjunto de medidas laborales que tendrán relevantes implicaciones económicas y organizativas para el tejido empresarial español.

Entre las principales decisiones figura la ampliación de los permisos por nacimiento de hijos y por el cuidado del menor, una iniciativa que supondrá un coste adicional estimado en 1.500 millones de euros para las arcas públicas. Esta cifra adquiere especial relevancia en el actual contexto de ausencia de presupuestos generales aprobados y con la necesidad reconocida de incrementar el gasto en defensa. A pesar de ello, el Ejecutivo ha optado por avanzar en esta dirección, priorizando el refuerzo de las políticas sociales.

Más allá del impacto presupuestario, el sector empresarial ha expresado su inquietud por las dificultades organizativas que estas medidas generan, particularmente en lo que se refiere a la sustitución de trabajadores que se acojan a estos permisos. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, deberán adaptar sus estructuras internas para poder responder a estas nuevas exigencias sin poner en riesgo su operatividad.

Por otra parte, la titular de Trabajo ha anticipado que, a la vuelta del verano, convocará a la Comisión de Expertos para abordar una nueva revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI). Esta decisión llega después de que el salario mínimo haya sido incrementado un 64% desde 2019, lo que ha generado una subida significativa de los costes laborales para las empresas.

Además, en un tono más firme, la ministra advirtió de que impondrá por decreto el nuevo registro de jornada laboral si no se avanza en la aprobación de la reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas semanales. Esta medida supondría el endurecimiento del control horario en las empresas y la obligación de permitir el acceso remoto a la Inspección de Trabajo para verificar el cumplimiento de los horarios.

Desde el ámbito empresarial, se percibe con preocupación el aumento de las exigencias normativas sin una estrategia paralela que fomente la productividad, la inversión o la reducción del absentismo laboral. Voces del sector han señalado que, en lugar de fomentar un clima favorable al crecimiento empresarial, las nuevas políticas apuntan a una mayor fiscalización y burocratización de la actividad privada.