El encarecimiento sostenido del combustible está poniendo contra las cuerdas a miles de empresas de transporte de mercancías por carretera. Según las principales asociaciones del sector, un número creciente de transportistas se ve obligado a cancelar servicios porque operarlos supone asumir pérdidas directas, especialmente en los contratos cerrados a precio fijo que no permiten revisar las tarifas en función de la evolución del gasóleo.

En las últimas semanas, el precio del gasóleo ha encadenado varias subidas consecutivas, situándose de nuevo en niveles que presionan al límite la rentabilidad del transporte pesado. El combustible representa entre un 30% y un 40% de los costes de explotación de un camión de larga distancia, por lo que cualquier incremento sostenido impacta de forma inmediata en los márgenes de las empresas.

Las organizaciones sectoriales advierten de que muchos operadores están trabajando ya “a pérdidas” en determinados trayectos, especialmente en aquellos en los que los precios se pactaron hace meses sin cláusulas de actualización automática. Esta situación está llevando a numerosos transportistas a rechazar o cancelar cargas que, aun teniendo demanda, dejan de ser viables económicamente.

Uno de los elementos que más preocupa al sector es la existencia de contratos rígidos, sin mecanismos eficaces para trasladar el incremento del coste del combustible al precio del transporte. A pesar de que la normativa española contempla fórmulas de revisión del precio en función de la variación del gasóleo, muchas pequeñas y medianas empresas denuncian grandes dificultades para aplicarlas en la práctica.

Según los representantes empresariales, numeros cargadores se resisten a reconocer revisiones tarifarias o las aceptan con retraso, lo que obliga a los transportistas a asumir durante semanas o meses el sobrecoste del carburante. En un contexto de márgenes ya muy ajustados, este desfase acaba por dejar fuera de juego a las compañías más vulnerables, que carecen de músculo financiero para aguantar.

El impacto del alza del combustible no se distribuye de forma homogénea en el tejido empresarial. Las grandes flotas cuentan con mayor capacidad de negociación y herramientas de cobertura frente a la volatilidad del precio del gasóleo, mientras que las pymes y los autónomos del transporte sufren con mayor intensidad esta escalada de costes.

Las asociaciones alertan de que si un número significativo de pequeños transportistas reduce su actividad o abandona el mercado, se puede generar un problema de capacidad en determinados corredores logísticos y nichos especializados. Esto se traduce en mayor tensión operativa, posibles retrasos y más dificultad para cubrir rutas específicas, sobre todo en campañas de alta demanda.

Ante esta coyuntura, las patronales del transporte por carretera han intensificado su interlocución con la Administración. Reclaman, entre otras medidas, mecanismos ágiles y efectivos para garantizar la aplicación real de las cláusulas de revisión del precio del transporte en función del coste del combustible, así como una mayor vigilancia para evitar prácticas abusivas por parte de algunos cargadores.

Además, el sector insiste en la necesidad de medidas fiscales que alivien el impacto del gasóleo profesional, recordando el papel esencial que juega el transporte de mercancías por carretera en el funcionamiento de la economía y en el abastecimiento de la población.