El rechazo del Congreso de los Diputados a la denominada Ley Ómnibus ha vuelto a situar al transporte de mercancías por carretera en el centro de la incertidumbre fiscal.

• Entre las muchas medidas que incluía el texto legislativo se encontraba una especialmente sensible para el sector: el aumento del límite de facturación a 125.000 euros para poder seguir tributando por el régimen de módulos en 2026.
• Al no prosperar la votación, más de 30.000 transportistas autónomos continúan en un auténtico limbo jurídico, sin saber a qué sistema fiscal deberán acogerse.

El Gobierno había aprobado el pasado 23 de diciembre un Real Decreto que contemplaba este incremento del umbral de facturación, una medida clave para dar continuidad al régimen de módulos en el transporte. Sin embargo, la falta de apoyos parlamentarios ha impedido que esta y otras disposiciones incluidas en la Ley Ómnibus salieran adelante en el Congreso, frustrando de nuevo las expectativas del sector.

No es la primera vez que ocurre. Por segundo año consecutivo, los transportistas que tributan en módulos comienzan el ejercicio fiscal sin una certeza clara sobre su futuro tributario, una situación que genera inseguridad jurídica y dificulta la planificación económica de miles de autónomos.

Salir del régimen de módulos implica pasar a la estimación directa, un sistema en el que se tributa por la diferencia entre ingresos y gastos reales. En la práctica, esto supone un aumento significativo de la presión fiscal, además de una mayor carga administrativa para profesionales que, en muchos casos, trabajan en solitario.

Si en las próximas semanas no se aprueba un nuevo decreto-ley que eleve el límite de facturación a 125.000 euros, o no se adopta una solución administrativa excepcional, como la que tuvo que aplicarse finalmente en 2025, más de 30.000 transportistas podrían verse obligados a abandonar el régimen de módulos de forma forzosa.

La situación actual evidencia un problema estructural: la falta de estabilidad normativa en materia fiscal para el transporte por carretera. Cada año, la continuidad del régimen de módulos queda supeditada a negociaciones políticas de última hora, generando incertidumbre, inseguridad y desconfianza entre los autónomos del sector.

Mientras no se adopte una solución definitiva, el transporte vuelve a pagar el precio de la parálisis legislativa, con miles de profesionales pendientes de una decisión que resulta clave para su viabilidad económica. El tiempo corre, y el sector reclama respuestas claras y urgentes.