El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha emitido una declaración oficial tras la publicación de la Orden de 21 de julio de 2025, que modifica varios anexos del Reglamento General de Vehículos. Esta nueva normativa autoriza la ampliación de la masa máxima permitida para camiones de mercancías hasta las 44 toneladas, una medida que, según el Comité, tendrá un impacto directo y significativo en los costes operativos del sector.

Según el análisis del Comité Nacional, el aumento de capacidad conllevará un incremento medio de entre el 14% y el 18% en los costes por vehículo, medidos en euros por kilómetro. Esta subida está directamente relacionada con las exigencias técnicas derivadas del mayor peso transportado: mayor desgaste de los vehículos, aumento del consumo de combustible, mayor exigencia en frenos y neumáticos, así como un incremento en los tiempos de carga y descarga.

Desde el Comité se señala que los principales beneficiarios de esta medida serán los cargadores, que verán reducidos sus costes por tonelada transportada. No obstante, se subraya que “este mayor coste deberá reflejarse en los contratos de transporte”, tanto en aquellos acuerdos continuados ya vigentes como en los nuevos contratos que se establezcan a partir de la entrada en vigor de la norma, incluyendo los denominados viajes spot.

El Departamento de Mercancías también advierte sobre el riesgo de que esta transformación en el régimen de carga pueda generar desequilibrios contractuales entre transportistas y cargadores. Por ello, hace un llamado a revisar y adecuar los instrumentos contractuales para evitar conflictos futuros. “Otro modo de entender la realidad, sólo será fuente de problemas para unos y otros”, sostiene el comunicado.

Un aspecto que genera especial preocupación entre los representantes del sector es la eliminación, en el texto final de la orden, de una disposición incluida en los borradores iniciales, que obligaba a adaptar los contratos existentes a la nueva capacidad de los vehículos. Esta supresión, en opinión del Comité, deja a los transportistas en una situación de vulnerabilidad legal y económica frente a los cargadores.

La reacción del Comité Nacional pone de manifiesto la necesidad de un diálogo estructurado entre todas las partes implicadas en la cadena de suministro. Si bien la ampliación de la capacidad de carga puede representar una oportunidad para mejorar la eficiencia logística del país, su aplicación debe ir acompañada de medidas que garanticen una distribución justa de los costes asociados, en línea con los principios de equilibrio y sostenibilidad que deben regir las relaciones comerciales del sector.

El comunicado fue emitido el 24 de julio de 2025, apenas tres días después de la publicación oficial de la norma, en un intento de marcar posición y anticiparse a las posibles tensiones derivadas de su implementación.