Las asociaciones de transporte que forman el Comité Nacional de Transporte por Carretera han acordado en su última reunión, celebrada el jueves 19 de febrero de 2020, plantear un decálogo de medidas reivindicativas a los responsables del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Estas diez reivindicaciones tienen el objetivo de crear un marco normativo para el sector del transporte de mercancías por carretera justo y acorde a las necesidades de los chóferes y de las empresas transportistas.

El comunicado emitido por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) hace referencia a este decálogo de medidas reivindicativas, haciendo un resumen más o menos concreto de las mismas:

1.  Firme oposición a la tarificación de infraestructuras. Exigencia de representación de los responsables del Comité Nacional en cuantas mesas de debate se abran en torno a esta cuestión. De igual forma, oposición frontal al desvío obligatorio de vehículos de transporte de mercancías hacia vías de peaje.
2. Necesaria modificación de la ley de contrato de transporte. Se insta a la derogación de la posibilidad del pacto en contrario en materias como los plazos de pago, la aplicación de la cláusula de revisión del precio de combustible y de la operación de carga y descarga. Se promueve que se incluya la prohibición de que, en servicios de transporte completo, el chófer haga la carga y descarga de la mercancía. Se busca a su vez la reducción del tiempo previsto para la paralización del vehículo y su pago efectivo para los cargadores.
3. Oposición a la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías en tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio, contractual y económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes.
4. Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón, fraudes cometidos por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos de competencia desleal que se dan en el sector del transporte de mercancías por carretera.
5. Coordinación de planes de movilidad con las instituciones compotentes. Negociación y racionalización en la política de transición ecológica.
6. Armonización fiscal en el sector del transporte. Entrada en vigor de lo previsto en la Ley del IRPF a partir del 1 de enero de 2022.
7. Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria dependiente del Estado. Asegurar así la gestión de modelos sostenibles con certificación de área segura.
8. Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional ya existente. Creación en paralelo de un régimen alternativo para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 toneladas de MMA.
9. Mantenimiento de las ayudas al abandono de actividad y a la formación.
10. Requerimiento al Gobierno para que inste las medidas legislativas que sean precisas para conseguir la viabilidad del sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas ya existentes en derecho comparado.