CC.OO. ha advertido de que llevará a cabo movilizaciones entre los trabajadores del sector del transporte de mercancías por carretera si el Gobierno y la patronal, que ha convocado un paro de tres días en diciembre por su cuenta, rechazan sentarse con los sindicatos.

«Tenemos claro que nuestros principales problemas son laborales y consecuencia de las prácticas empresariales de las últimas décadas. Por ello, es inviable secundar una movilización con los responsables de esta situación y sus recetas. Venimos insistiendo en que los problemas del sector son problemas sociales y deben ser abordados en una mesa social tripartita«, explica Comisiones Obreras.

El sindicato teme que las presiones realizadas desde la patronal al Gobierno solo consigan abaratar el combustible y rebajar impuestos a las empresas, algo que no solucionaría el problema laboral y social que consideran que prima actualmente sobre el sector.

En concreto, denuncian que el salario de los camioneros es peor ahora que el que recibían hasta 30 años y que, proporcionalmente a las horas, ronda el SMI; que no se cumplen los convenio colectivos; el fraude a la Seguridad Social al camuflarse en forma de dietas parte de la retribución, o la falta de relevo generacional.

Así, reivindican el cumplimiento de las horas de descanso, acabar con la penosidad y peligrosidad de la profesión, que se disponga de áreas de servicio seguras, el reconocimiento de enfermedades profesionales, la eliminación de la competencia desleal o prohibir que la carga y descarga la puedan hacer los camioneros.

Fuentes del Ministerio explican que la ley ya deja claro que los camioneros no tienen que hacer la carga y descarga, si bien sí deja la puerta abierta a que se negocie entre las partes. Por ello, en búsqueda de una ventaja competitiva de unas empresas de transportes frente a otras, para conseguir el contrato los transportistas cierran acuerdos con los cargadores que establecen que el camionero realice esta carga y descarga.

Algo parecido ocurre con los carburantes. Los transportistas pueden establecer una cláusula de revisión de precios pero suelen renunciar a ella para ganar una ventaja competitiva, por lo que acaban ellos asumiendo la gran subida que está experimentando el diésel.