El acuerdo entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Gobierno se ha recibido de forma muy distinta entre los actores de la cadena de suministro. La patronal ve en el compromiso del Ejecutivo un paso adelante que permitirá solucionar problemas históricos de la actividad. Entre los conductores, división de opiniones, aunque cada vez son más los chóferes que sienten que este acuerdo no mejorará las condiciones laborales en las que llevan a cabo su labor. Los últimos en pronunciarse han sido las empresas cargadoras, con una clara y manifiesta oposición al acuerdo.

Las principales asociaciones de empresas cargadoras y establecimientos de gran consumo han emitido un comunicado en el que ponen de manifiesto su malestar por no haber participado en las negociaciones mantenidas entre las asociaciones de transporte y el Gobierno, así como por las resoluciones obtenidas. De hecho, aseguran que gran parte de los puntos acordados entre el CNTC y el Ejecutivo ocasionarán un impacto negativo en la actividad, olvidando quizá los reiterados incumplimientos que han llevado a cabo para lucrarse, llevando al límite a las empresas de transporte y chóferes desde su posición de dominio.

En el citado comunicado, las asociaciones de cargadores valoran de forma positiva que no se haya dado el paro patronal del transporte, pero se quejan de «haber tenido que llevar a cabo un aprovisionamiento adelantado de productos que perfectamente se podía haber evitado». Además, también reclaman no haber sido parte de la negociación que ha evitado este paro del patronal como acto de la cadena de suministro: «Es inaudito no ser parte si se considera el impacto que para los cargadores tendrá parte de las medidas que han formado parte de las negociaciones«.

Es fácil ver que la principal medida que afecta a los cargadores es la nueva ley que prohibirá que los conductores profesionales lleven a cabo las tareas de carga y descarga. De hecho, hace poco más de un año, un dirigente de una de estas asociaciones de cargadores que también suscribe este comunicado explico que el ahorro para los cargadores era de más de 2.000 millones de euros al obligar a los chóferes a realizar la carga y descarga, ignorando por completo las consecuencias que esta postura tenía para las empresas de transportes, para los propios conductores y para la seguridad vial.