Cádiz necesita camioneros. Las empresas de transporte afrontan un nuevo reto añadido al mantenimiento de flotas, al precio del combustible y al incremento de los costes operativos: la falta de mano de obra cualificada. En la provincia harían falta alrededor de 500 conductores para cubrir con urgencia las necesidades más inmediatas, especialmente en el transporte internacional. Javier Lobato, secretario general de la Asociación de Transportistas de Cádiz, admite que no hay relevo generacional y asegura que desde la patronal ya se están adoptando medidas para hacer más atractiva la profesión e incorporar nuevos profesionales.

La provincia cuenta con dos polos industriales clave: la Bahía de Algeciras y la Bahía de Cádiz. Ambos albergan polígonos logísticos con fuerte demanda de transporte, tanto nacional como internacional. Las empresas advierten que la salida de mercancías por carretera desde Cádiz hacia el extranjero está en riesgo por la escasez de conductores, una problemática que también afecta gravemente a otras regiones como Murcia, donde se necesitan 3.000 camioneros.

Ante esta situación, la patronal trabaja junto a los sindicatos en la revisión del convenio colectivo, caducado desde el año pasado, y en la mejora de las condiciones laborales. Entre los avances logrados destaca un incremento salarial del 3,5 % para 2025 y del 3 % para 2026. También se están valorando mejoras sociales como dietas, estacionamientos y áreas de descanso de mayor calidad.

Este déficit de personal no es exclusivo de Cádiz: en España faltan cerca de 30.000 camioneros y unos 4.700 conductores de autobús. Uno de los principales obstáculos es el alto coste del carné profesional, que puede superar los 1.500 euros. El Gobierno ya prepara un plan de subvenciones para cubrir los permisos C y D, esenciales para conducir camiones y autobuses, con ayudas que podrían alcanzar los 2.000 euros.

Lobato considera que el transporte internacional puede ser una opción atractiva para los jóvenes, aunque reconoce que es una labor exigente, pese a su buena remuneración. “Un conductor en ruta internacional puede pasar hasta quince días fuera de casa”, señala. Esta dificultad ha ralentizado el ritmo de jubilaciones, con conductores de 65 años o más aún en activo por falta de reemplazo.

La patronal también insiste en la necesidad de ayudas públicas para obtener el carné profesional, cuyo coste (incluido el de mercancías peligrosas) ronda los 2.000 euros. Consideran que estas subvenciones permitirían a nuevos perfiles acceder a una profesión con gran estabilidad: “Ser conductor profesional es tener empleo asegurado”, afirma el Ministerio de Transportes en su campaña oficial: “La carretera siempre tiene salidas. Hazte conductor profesional”.

La falta de conductores amenaza especialmente a la logística internacional desde Cádiz. Si la tendencia no cambia, el Ministerio de Transportes advierte que la escasez podría crecer un 17 % en los próximos cinco años. La edad media del sector es alta: solo el 2,7 % de los conductores de autobús y el 5 % de los camioneros tienen menos de 25 años, mientras que un tercio ya supera los 55. Las edades mínimas para acceder a los carnés son 21 años para camiones y 24 para autobuses.

El acceso a estos permisos es mucho menos temprano que al de turismos (carné B), obtenido por el 47 % de jóvenes entre 18 y 20 años. En cambio, el carné C presenta una distribución más amplia: el 17,8 % de los nuevos conductores tiene entre 21 y 24 años; el 16,6 %, entre 25 y 29; y un 11,1 % tiene entre 45 y 49 años. Para el carné D, el grupo mayoritario en 2024 está entre los 40 y 44 años (18,9 %).

Además del permiso, es obligatorio contar con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Las ayudas del Gobierno se destinarán a quienes hayan cursado el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, un grado medio de FP. A efectos de la convocatoria, este título será equivalente al CAP.

El real decreto prevé financiar permisos, tasas de examen, expedición del carné y prueba psicotécnica. Cada ayuda podrá alcanzar un máximo de 2.000 euros por persona, siempre que no supere el coste real del proceso.

La falta de relevo generacional y el envejecimiento de la plantilla están dificultando la jubilación de los más veteranos y comprometiendo seriamente el futuro del transporte en Cádiz.