La implantación de nuevas tasas por kilómetro para los camiones en Alsacia y la región francesa de Grand Est continúa generando una fuerte oposición entre los transportistas. El sector cuestiona especialmente el momento elegido para introducir estos gravámenes, en un escenario marcado por el elevado precio de los carburantes y la presión sobre los costes de explotación.

Francia avanza en la implantación de nuevos sistemas de tarificación para los vehículos pesados en el este del país. Por un lado, la Colectividad Europea de Alsacia (CeA) pondrá en marcha el R-PASS el 1 de enero de 2027, mientras que la región Grand Est prevé introducir su propia Ecocontribución para Vehículos Pesados (ECPL) el 1 de abril de 2027.

Ambos mecanismos se basarán en el pago por los kilómetros recorridos y afectarán a vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas, aunque cada administración gestionará su propio ámbito territorial.

La aparición prácticamente simultánea de los dos sistemas preocupa especialmente a las empresas de transporte que operan habitualmente en esta zona fronteriza, uno de los principales corredores de mercancías entre Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Suiza.

El R-PASS de Alsacia tendrá una tarifa media de 0,15 euros por kilómetro. El gravamen se aplicará, entre otros ejes, a tramos no concesionados de las autopistas A35 y A36, además de la RD83 entre Colmar y Sélestat, la RD1363, la RD502 y la RD504.

En el caso de Grand Est, su vicepresidente responsable de Transportes, Thibaud Philipps, también ha situado la tarifa de referencia en 15 céntimos por kilómetro, aunque el importe se modulará en función de características como el tonelaje del vehículo y su categoría de emisiones.

La región gestiona desde el 1 de enero de 2025 un total de 525 kilómetros de carreteras nacionales y autopistas no concesionadas. Su intención es utilizar los ingresos de la ECPL para financiar el mantenimiento y modernización de la red, además de apoyar la transición del transporte de mercancías hacia vehículos de menores emisiones y otros modos de transporte.

La medida, sin embargo, encuentra una oposición frontal entre una parte importante del transporte por carretera. Brigitte Kempf, copresidenta de FNTR Alsace, ha advertido de las consecuencias que pueden tener las nuevas tasas sobre unas empresas que ya soportan un importante incremento de los costes. «Es realmente el peor momento», ha señalado Kempf, en referencia al elevado precio de los carburantes y al contexto económico al que se enfrentan actualmente las compañías de transporte.

Desde la Federación Nacional de Transportes por Carretera (FNTR) también llevan tiempo reclamando que el coste de este tipo de impuestos pueda trasladarse obligatoriamente a los cargadores y clientes.

La organización sostiene que las empresas de transporte no disponen de margen suficiente para absorber por sí solas esta nueva carga. Según sus cálculos para el R-PASS, el impuesto podría representar entre un 5% y un 10% de la facturación de determinadas compañías, mientras que el resultado neto medio se sitúa en torno al 1,5%.

Las críticas no se limitan a Alsacia. Las organizaciones empresariales de Grand Est también han mostrado su preocupación ante la futura ecocontribución regional. Dominique Feron, vicepresidente de la FNTR Grand Est, ha advertido de que la ECPL podría suponer alrededor del 10% del coste de explotación de las empresas, en un momento en el que, según señala, el 40% de los transportistas ya no obtiene margen.

Los representantes del sector temen además que el incremento de costes termine repercutiendo sobre el conjunto de la cadena logística y, finalmente, sobre el precio de los productos transportados por carretera.

La administración regional defiende, por su parte, la necesidad de la medida para financiar una red que requiere importantes inversiones. Según los datos de Grand Est, el 52% de las calzadas gestionadas necesita actuaciones de mantenimiento superficial y el 22%, intervenciones estructurales. Además, un 12% de las obras de fábrica requiere trabajos importantes de conservación.

La región plantea movilizar 1.000 millones de euros de inversión en infraestructuras hasta 2035, apoyándose, entre otras fuentes, en los ingresos procedentes de la futura ecocontribución.

Otro de los argumentos empleados por la administración es el elevado volumen de tráfico de tránsito. Según sus datos, entre el 60% y el 90% de los vehículos pesados que utilizan determinados ejes proceden de fuera de Grand Est.

Precisamente, uno de los objetivos de estas tasas es reducir el incentivo que tienen algunos transportistas internacionales para atravesar Francia y evitar los sistemas de peaje para camiones existentes en países vecinos, especialmente Alemania.

Con el R-PASS de Alsacia previsto para el 1 de enero de 2027 y la ECPL de Grand Est para el 1 de abril, el transporte por carretera francés afronta así un nuevo escenario fiscal que mantiene enfrentadas a las administraciones regionales y a buena parte de las organizaciones profesionales del sector.