La reciente anulación parcial de la normativa francesa sobre el salario mínimo para trabajadores desplazados ha abierto un escenario de gran incertidumbre para los transportistas por carretera, especialmente para los que operan en territorio galo. Ante esta situación, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha solicitado a la Comisión Europea una intervención clara y urgente que aporte seguridad jurídica y proteja a las empresas afectadas.

Una sentencia que genera inseguridad para los transportistas

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Estado francés anuló parcialmente el Decreto 2016-418, que desarrollaba la Ley Macron sobre el salario mínimo y las condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores desplazados en Francia. Esta decisión afecta directamente a las obligaciones formales y de control impuestas a las empresas de transporte internacionales, como la designación de un representante en territorio francés o la conservación y presentación de documentación específica.

Aunque la sentencia no cuestiona el derecho de los trabajadores desplazados a cobrar el salario mínimo francés, sí pone en duda la legalidad de varios de los mecanismos de control que Francia había impuesto unilateralmente. Esta circunstancia ha generado un clima de confusión entre las empresas de transporte extranjeras, que no saben con certeza qué obligaciones siguen vigentes ni cómo deben actuar para evitar sanciones.

La posición de la CETM: claridad normativa y protección a las empresas

Ante este escenario, la CETM considera imprescindible que la Comisión Europea emita una posición oficial que aclare el alcance real de la sentencia y establezca criterios uniformes para todos los Estados miembros. Desde la organización se insiste en que las empresas de transporte han cumplido, de buena fe, con unos requisitos que ahora han sido parcialmente invalidados por la justicia francesa.

Por este motivo, la CETM reclama a Bruselas que garantice la seguridad jurídica de los transportistas y que se evite cualquier tipo de sanción basada en normas que han sido anuladas o que se encuentran en entredicho. A juicio de la Confederación, no es razonable que las empresas asuman las consecuencias de una regulación nacional que ha sido considerada contraria al Derecho de la Unión.

Impacto para los transportistas españoles

Francia es un corredor estratégico para el transporte español hacia el resto de Europa, por lo que cualquier cambio regulatorio, interpretativo o de control tiene un efecto directo en tus costes operativos, en la planificación de rutas y en el riesgo de inspecciones y sanciones.

En este contexto, la CETM ha subrayado la necesidad de que las autoridades francesas aclaren de forma transparente qué obligaciones siguen siendo exigibles y cuáles no, tras la sentencia. Al mismo tiempo, la organización insiste en que se respeten los principios de proporcionalidad y no discriminación en los controles realizados a transportistas extranjeros.

Llamamiento a la Comisión Europea

La CETM ha elevado formalmente esta problemática a la Comisión Europea, poniendo el foco en la necesidad de evitar un mosaico de normativas nacionales contradictorias que terminen fragmentando el mercado interior del transporte por carretera. Para el sector, es esencial que exista un marco armonizado y previsible, que permita a las empresas operar con reglas claras, iguales para todos y compatibles con la libre circulación de servicios.

Además, la Confederación ha pedido que la Comisión supervise las actuaciones de Francia en la aplicación de su normativa sobre trabajadores desplazados, con el fin de garantizar que no se vulneran los principios comunitarios ni se crean barreras encubiertas al transporte internacional.