Una década de incertidumbre para los transportistas acogidos a módulos

Desde hace más de diez años, los autónomos inscritos en el régimen de módulos viven en una permanente situación de incertidumbre. A pesar de que los sucesivos gobiernos han manifestado en varias ocasiones su intención de poner fin a este sistema de tributación, nunca se ha dado el paso definitivo. En lugar de ello, se han ido endureciendo progresivamente las condiciones de acceso, sin resolver el fondo del problema.

De 450.000 a 75.000 euros: el giro de 2016

Hasta 2016, el régimen de módulos permitía a los transportistas adherirse siempre que su facturación anual no superase los 450.000 euros, con independencia de si facturaban a empresas o a particulares. Sin embargo, a partir de esa fecha, el marco cambió de forma sustancial: el límite general se redujo a 150.000 euros y se fijó un tope de 75.000 euros cuando la mayor parte de los ingresos procedía de empresas o profesionales, que es la situación habitual de la inmensa mayoría de los transportistas autónomos.

Ante la presión del sector y las evidentes dificultades de adaptación, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en el que se integra la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), para establecer un periodo transitorio de dos años. Durante ese tiempo, el límite de facturación de 75.000 euros se elevaba de forma provisional hasta los 125.000 euros.

Prórrogas encadenadas y una reforma que nunca llega

Lo que nació como un mecanismo temporal de “carencia y adaptación” ha terminado convirtiéndose en una cadena de prórrogas encadenadas. Desde entonces, los sucesivos gobiernos ni han aplicado plenamente la reforma de 2015 ni han optado por derogarla, prolongando un escenario ambiguo que complica la planificación de los autónomos transportistas.

De hecho, el Gobierno actual ha sacado a consulta pública el proyecto de Orden del régimen de módulos para 2026, lo que apunta a que, previsiblemente, se volverá a prorrogar el límite anual de facturación, tal y como ha sucedido en los últimos ejercicios. Esta dinámica, según la CETM, ha alimentado una incertidumbre innecesaria.

La Confederación recuerda que estas prórrogas continuas y repetidas no solo van en contra del criterio del CNTC, que defiende la eliminación de este sistema de tributación –al que califica de “rara avis” en el contexto de los sistemas fiscales europeos–, sino que han generado una clara inseguridad jurídica. En varias ocasiones, el sector no ha sabido si iba a aprobarse una nueva prórroga hasta el último día del año o incluso con el ejercicio fiscal ya iniciado, como ocurrió el año pasado.

Hacia un modelo fiscal homogéneo y de estimación directa

El transporte de mercancías por carretera es un sector esencial para la economía española y, como tal, necesita certeza y estabilidad en las reglas fiscales que le son de aplicación. En este contexto, la CETM considera que ha llegado el momento de cerrar definitivamente la etapa de prórrogas sucesivas y afrontar una reforma de fondo.

En su opinión, es necesario avanzar hacia un modelo fiscal más homogéneo y equilibrado, que reduzca las actuales diferencias tributarias y contribuya a reforzar un marco común en el que puedan convivir todos los actores del transporte, con independencia de su volumen de facturación. La organización apuesta por que ese nuevo esquema se base en un sistema de estimación directa que incluya las deducciones correspondientes en el IRPF vinculadas a la actividad.

Este enfoque ya está presente en determinadas comunidades y territorios forales del Estado, como las diputaciones forales vascas y la Comunidad Foral de Navarra, donde existe una experiencia previa que, según la CETM, podría servir como referencia para diseñar un marco más claro, estable y justo para los transportistas autónomos.