A lo largo de 2025 se consolida la tendencia positiva en la reducción de los plazos de pago a los transportistas por parte de sus clientes. Así lo refleja el Observatorio permanente de la morosidad, cuyos datos muestran que en octubre el periodo medio de cobro volvió a situarse por segunda vez por debajo del límite legal de 60 días, concretamente en 58 días, el mismo nivel registrado el pasado mes de agosto. El resultado se recoge en el estudio mensual que FENADISMER elabora en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.

Evolución positiva, pero con incumplimientos persistentes

Pese al avance, el informe subraya que todavía quedan conductas por corregir. En octubre, las empresas cargadoras e intermediarias que incumplieron la legislación contra la morosidad (plazos superiores a 60 días) representaron aún el 50% del total. La mayor parte de esos incumplimientos fueron leves: en el 81% de los casos los pagos se realizaron entre 60 y 90 días.

En el extremo opuesto, el informe señala que persiste un 3% de empresas con retrasos de hasta 120 días, un porcentaje que, aunque reducido, sigue evidenciando resistencias a la plena adaptación a la normativa. No obstante, la comparación con años anteriores resulta significativa: en 2022, esta franja de incumplimiento superaba el 20%, lo que confirma una mejora sostenida en el comportamiento medio del mercado.

Medios de pago más utilizados en el transporte

El estudio también detalla los canales habituales para abonar los servicios de transporte. En octubre, la transferencia bancaria continúa siendo el medio más usado (60%), seguida del confirming (35%). En menor medida, los pagos se efectúan mediante pagaré (5%) y cheque (menos del 1%). Esta distribución refleja una preferencia clara por sistemas de cobro que aporten mayor agilidad y trazabilidad, aunque sigue existiendo un peso relevante de fórmulas que pueden introducir incertidumbre en los tiempos de liquidación.

La UE prepara un nuevo reglamento contra la morosidad

En paralelo a estas dinámicas nacionales, la Comisión Europea mantiene su trabajo para la aprobación de un Reglamento europeo de lucha contra la morosidad. El objetivo es reforzar la normativa vigente, mejorar la protección de las pymes y aumentar la puntualidad en los pagos dentro del mercado único.

En este contexto, el pasado verano la Comisión lanzó una encuesta dirigida a empresas y asociaciones para recoger opiniones y datos sobre el impacto real de los retrasos en las transacciones comerciales. En ella participaron más de 3.000 encuestados, cuyos resultados dibujan un escenario preocupante: un 73% considera la morosidad un problema grave. Además, a un 40% le obliga a reducir inversiones y frena su crecimiento, mientras que el 39% recurre a financiación bancaria para afrontar desajustes de tesorería causados por los retrasos. El dato más crítico apunta a la viabilidad empresarial: un 30% de los participantes ve en riesgo su propia supervivencia.