Un corredor clave del transporte de mercancías bajo presión

La AP-7 a su paso por Tarragona, especialmente en el tramo de les Terres de l’Ebre, se ha convertido en uno de los puntos más críticos para la seguridad vial del transporte de mercancías por carretera. Este domingo, los Mossos d’Esquadra, en coordinación con el Servei Català de Trànsit, llevaron a cabo un control específico de camiones que se saldó con 33 sanciones en una sola jornada, evidenciando la tensión creciente en esta infraestructura.

33 denuncias en un solo operativo

Durante el dispositivo, los agentes interpusieron 22 sanciones por exceso de velocidad, 9 a camioneros por adelantar donde está prohibido y 2 a conductores profesionales por utilizar el móvil al volante.

Se trata de infracciones especialmente graves cuando se habla de vehículos pesados que circulan por una autopista con alta intensidad de tráfico, donde cualquier error de cálculo o distracción puede tener consecuencias fatales.

La AP-7 del Ebre: mucha más carga, mucha más siniestralidad

La actuación policial llega en un contexto delicado. La AP-7 concentra alrededor de un tercio de las muertes en carretera registradas en la provincia de Tarragona en 2025, con 10 víctimas mortales, 3 de ellas camioneros.

La supresión de los peajes ha disparado el tránsito de camiones. En el tramo sur, entre L’Hospitalet de l’Infant y Amposta, más del 61 % de los vehículos que circulan son pesados, y la vía soporta una media de 12.000 camiones diarios.

Límites de velocidad más estrictos y más control

Ante esta realidad, Trànsit estudia medidas urgentes para frenar la siniestralidad, entre ellas:

• Limitar la velocidad a 100 km/h para turismos.
• Reducir a 80 km/h la velocidad máxima de los camiones en los tramos de doble carril entre L’Hospitalet de l’Infant y Amposta.

La consellera de Interior, Núria Parlón, también ha avanzado que estas restricciones se acompañarán de radares intensivos y drones para vigilar el cumplimiento de la normativa en la autopista.

El transporte de mercancías pide infraestructuras, no solo sanciones

Sin embargo, el control policial y las multas no son la única vía en debate. Desde el territorio y el sector del transporte se reclama una respuesta estructural y no solo punitiva.

Los alcaldes de las Terres de l’Ebre y los consejos comarcales exigen con urgencia la construcción de un tercer carril en la AP-7 entre L’Hospitalet de l’Infant y Amposta, una obra cifrada en 162 millones de euros.

Por su parte, la Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona (FEAT), a través de su director Josep Lluís Aymat, recuerda que muchos camiones no tienen rutas alternativas reales: se ven obligados a utilizar la AP-7 porque no se permite desviar el tráfico pesado a otras carreteras.

La federación reclama una planificación más ambiciosa:

• Ampliar la AP-7 a tres carriles a partir de Salou.
• Desdoblar la N-340 para convertirla en la autovía A-7.
• Impulsar de verdad el transporte ferroviario de mercancías, que hoy solo mueve alrededor del 3,6 % de la carga, frente al crecimiento constante del tráfico de camiones.

Una estrategia global contra la siniestralidad

En este escenario, el operativo que terminó con 33 denuncias no es una acción aislada, sino una pieza más de una estrategia más amplia: reducir la siniestralidad, contener el aumento del tráfico pesado y responder a las exigencias de empresas y administraciones, que piden una modernización urgente de las infraestructuras para que la AP-7 pueda seguir siendo un eje clave del transporte de mercancías por carretera sin seguir aumentando el riesgo en la vía.