Luz verde definitiva a la Ley de Movilidad Sostenible tras tres años de bloqueo político

Una norma clave para desbloquear 10.000 millones en fondos europeos

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa llamada a transformar el sistema de transporte en España y que era condición imprescindible para que el país pueda recibir 10.000 millones de euros en fondos europeos. La ley culmina así un tortuoso camino parlamentario de más de tres años de tramitación y dos legislaturas, marcado por adelantos electorales, negociaciones al límite y fuertes tensiones políticas.

De los peajes en autovías a un texto pactado con Bruselas

El anteproyecto fue aprobado por el Gobierno en marzo de 2022 y, una vez en el Congreso, los grupos registraron sus enmiendas. El proceso quedó congelado con la disolución de las Cortes por las elecciones de julio de 2023.

Los primeros borradores llegaron a incluir la implantación de peajes en autovías, en línea con un compromiso adquirido con la Unión Europea para acceder a financiación. Sin embargo, el Ejecutivo acabó pactando con Bruselas la retirada de los peajes a cambio de asumir objetivos medioambientales más ambiciosos.

Óscar Puente reactiva la ley y el ‘caso Koldo’ la vuelve a frenar

En febrero de 2024, ya con el ministro Óscar Puente al frente de Transportes y un nuevo Parlamento constituido, el Gobierno decidió recuperar el proyecto de ley. La compleja aritmética parlamentaria retrasó la tramitación y las enmiendas comenzaron a debatirse un año después.

Cuando la ponencia ya había arrancado, el texto volvió a encallar por el impacto político de las informaciones sobre presunta corrupción vinculadas al caso ‘Koldo’. Tras intensas negociaciones, el Gobierno logró superar ese escollo incorporando más de un centenar de enmiendas de los diferentes grupos en ponencia y comisión.

Podemos fuerza un acuerdo ‘in extremis’ por El Prat

El último gran bloqueo llegó ya en el Pleno del Congreso. Podemos amenazó con tumbar la ley si el Ejecutivo no atendía una serie de exigencias que fueron variando: primero la gratuidad del transporte público, después la paralización de las ampliaciones del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat.

Finalmente, el acuerdo ‘in extremis’ se cerró en torno a El Prat: el Gobierno aceptó que no se inicien obras de ampliación antes de 2031 y que cualquier proyecto futuro deba cumplir estrictamente con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55, mediante un informe vinculante.

El Senado introduce más de ochenta enmiendas

Aprobada en el Congreso, la norma viajó al Senado, donde el PP, con mayoría absoluta, impulsó más de ochenta enmiendas, muchas de ellas contra el criterio del Gobierno. Entre las que finalmente han prosperado destaca la que obliga a Renfe a volver a indemnizar por retrasos desde 15 minutos en ciertos servicios, recuperando en la práctica el antiguo compromiso de puntualidad que había sido rebajado en 2024.

Claves de la nueva ley: etiquetas DGT, buses, recarga y planes de movilidad

Entre las medidas que finalmente quedan recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible y que se publicarán en el BOE destacan:

  • Revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT, para adecuarlas a la realidad tecnológica y a los objetivos de reducción de emisiones.
  • Nuevo mapa concesional de rutas de autobús, que reordenará el transporte por carretera a escala estatal.
  • Obligación de las gasolineras de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, reforzando la infraestructura de movilidad eléctrica. Planes de movilidad sostenible al trabajo de obligado cumplimiento para las empresas, empezando por las de mayor tamaño, con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado y las emisiones asociadas a los desplazamientos laborales.

Con su aprobación definitiva, la ley se consolida como una pieza central en la descarbonización y modernización del transporte en España, al tiempo que garantiza la llegada de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación. Ahora, el foco se traslada a su desarrollo reglamentario y a la capacidad de las administraciones y las empresas para aplicar en la práctica este nuevo marco de movilidad.

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