Disposición adicional 13ª. Mecanismo de financiación para asegurar el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado y mejorar la internalización de costes externos del transporte por carretera.

Contexto y alcance

La Disposición adicional 13ª fija el compromiso del Gobierno de presentar un estudio de alternativas que analizará opciones viables para establecer un mecanismo de financiación con el objetivo de garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. Se trata de un mandato de evaluación previa, que no implanta aún medidas, pero abre la puerta a un cambio de paradigma en la financiación del viario estatal.

Pago por uso en vías de altas prestaciones

El texto especifica que el mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso aplicado, al menos, a las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado. Este planteamiento incorpora criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, lo que apunta a un diseño tarifario con enfoque corrector de externalidades y con atención a las diferencias regionales. En otras palabras, no se trata exclusivamente de recaudar, sino de alinear el mantenimiento de la red con objetivos de política pública: seguridad, cohesión y medio ambiente.

Metodología y condiciones de implantación

La disposición recalca que las medidas que eventualmente se implanten a raíz del estudio estarán amparadas por un amplio consenso social y político y se ajustarán a las circunstancias económicas concurrentes. Este doble condicionante es clave: el despliegue dependerá tanto del resultado técnico del estudio como de la viabilidad social, política y económica. La referencia explícita al consenso y al ciclo económico reduce la incertidumbre regulatoria y focaliza la discusión en cómo y cuándo aplicar las soluciones que se propongan.

Implicaciones para el transporte de mercancías por carretera

Para el sector del transporte por carretera, la posible evolución hacia un modelo de pago por uso en vías de altas prestaciones tendría impactos operativos y de costes. La previsibilidad y transparencia del mecanismo será determinante para integrar los peajes potenciales en la estructura tarifaria, optimizar la planificación de rutas y evaluar la competitividad entre corredores. Asimismo, la consideración de criterios de equidad territorial puede modular las cargas en función de realidades regionales, mientras que el énfasis en seguridad vial y sostenibilidad ambiental podría incentivar mejores prácticas operativas y tecnológicas. En todo caso, el sector queda a la expectativa del estudio, que deberá concretar escenarios, cronogramas y salvaguardas.

Más información: Disposición 13