La autoridad antimonopolio italiana (AGCM) impone multas récord a Eni, Esso, IP, Q8, Saras y Tamoil por fijar el precio del biocombustible, una práctica que ha limitado la competencia y afectado al consumidor final.

En una decisión de gran calado para el sector de la energía y el transporte, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) de Italia ha impuesto sanciones que suman 936 millones de euros (equivalentes a 1.092 millones de dólares) a seis de las principales compañías petroleras del país. La razón: haber establecido un acuerdo para fijar el valor del componente bio utilizado en los carburantes, una práctica que el organismo regulador ha calificado explícitamente como un «acuerdo restrictivo de la competencia».

Las empresas sancionadas, identificadas como los operadores más relevantes en el mercado italiano, son Eni, Esso, IP, Q8, Saras y Tamoil. Cabe destacar que Tamoil se consolidó en el mercado tras adquirir en 2021 la red de estaciones de servicio de Repsol en Italia. El reparto de las multas individuales es el siguiente: Eni deberá abonar 336.214 euros, Esso 129.363 euros, IP 163.669 euros, Q8 172.592 euros, Saras 43.788 euros y Tamoil 91.029 euros.

La investigación llevada a cabo por la AGCM pudo confirmar que estas seis compañías se coordinaron para manipular el precio de un compuesto bio que, por obligación legal, debe incorporarse a los carburantes. Este componente, cuyo coste repercute directamente en el precio final que paga el consumidor en la bomba, fue objeto de un pacto ilegal que ha durado varios años.

Según los detalles revelados por la autoridad, entre 2019 y 2023, el valor de este componente bio experimentó un incremento desproporcionado, pasando de 20 a 60 euros por metro cúbico. La AGCM atribuye esta escalada de precios a los sucesivos aumentos «determinados por el intercambio de información directa o indirecta» entre las petroleras. Esta comunicación privilegiada les permitió alinear sus estrategias comerciales en lugar de competir entre sí, eliminando las presiones de mercado que suelen beneficiar a los consumidores con precios más bajos.

Este caso trasciende el ámbito energético para impactar directamente en el sector del transporte de mercancías por carretera. Los carburantes representan uno de los costes operativos más significativos para las flotas de transporte, y cualquier distorsión en su precio de mercado afecta gravemente a la rentabilidad de las empresas logísticas. La fijación artificial del precio del componente bio supone que, durante años, las empresas transportistas han estado pagando de más por el gasóleo, un sobrecoste que mina su competitividad en un mercado ya de por sí ajustado.