La asociación danesa de transportes International Transport Danmark (Itd) ha iniciado una acción legal contra el Ministerio de Transportes y el de Finanzas a raíz del nuevo peaje por kilómetro para vehículos industriales, que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Según Itd, el sistema de multas fijas aplicado a las infracciones es ilegal y vulnera el principio de proporcionalidad previsto por el derecho de la Unión Europea, generando gran preocupación en el sector del transporte por carretera.

A finales de julio de 2025 se habían registrado 40.534 sanciones por un valor total de 195,7 millones de coronas danesas (unos 26,2 millones de euros), casi tres veces el importe estimado en el presupuesto anual. Además, la organización documenta más de 600 multas emitidas sin base jurídica, lo que pone de manifiesto que los problemas son estructurales y no incidentes aislados.

El centro de la controversia radica en la cuantía de las sanciones: inicialmente fijadas en 4.500 coronas (603 euros), fueron duplicadas el 1 de julio de 2025 a 9.000 coronas (1.206 euros), independientemente de las circunstancias de la infracción. Según Itd, este enfoque contraviene la directiva UE 1999/62/CE y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de noviembre de 2024, que declaró incompatibles con el derecho europeo las sanciones uniformes y no graduadas.

El caso danés recuerda la experiencia belga con el sistema Viapass. En 2017, Bélgica tuvo que revisar su régimen de multas fijas de 1.000 euros, introduciendo un modelo graduado y anulando más de 5.000 sanciones por un valor superior a 5 millones de euros. En este contexto, Itd solicita que Dinamarca adopte un sistema similar al alemán, donde la cuantía de las multas varía según la gravedad de la infracción.

El ministro de Transportes, Thomas Danielsen, reaccionó con cautela, recordando que la ley fue aprobada en 2023 con amplio consenso parlamentario y subrayando que cualquier ciudadano puede impugnar la normativa ante los tribunales. Durante la fase de implementación del sistema, el ministro ya había instado a la clemencia, aunque sin introducir cambios estructurales.

Itd cuenta con la asistencia del despacho legal Offersen:Christoffersen, aunque la fecha de la primera audiencia aún no se ha fijado. Su estrategia es doble: anular las multas ya emitidas e impulsar al Gobierno a revisar el modelo sancionatorio. Además, la asociación ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea. La acción ha recibido respaldo amplio en el sector, dado que Itd representa a unas 700 empresas de transporte, y ha atraído la atención de varias fuerzas políticas que ya habían criticado el peaje durante su aprobación.

Según la asociación, pagar las sanciones equivaldría a reconocer su legitimidad, por lo que ha instado a sus miembros a impugnarlas. En caso de que los tribunales den la razón a Itd, el Gobierno danés deberá anular todas las multas emitidas y rediseñar el sistema, lo que tendría importantes consecuencias económicas y podría sentar un precedente sobre cómo la normativa europea debe incorporarse en las políticas nacionales de transporte.